La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el viernes dos dictámenes de reformas propuestas por el Ejecutivo el 5 de febrero. Una de las reformas establece que ningún servidor público podrá recibir un salario mayor al del Presidente de la República, mientras que la otra otorga al Estado mexicano el control sobre las vías ferroviarias para el transporte de pasajeros y prioriza el desarrollo de los ferrocarriles.
La primera reforma, que limita el salario de los funcionarios, fue aprobada por 36 votos a favor y ninguno en contra. Según el dictamen, la remuneración total del Presidente no podrá superar el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 241 mil 070 pesos mensuales o 2 millones 892 mil 848 pesos al año. Esta medida establece un límite salarial para el Presidente y, por extensión, para otros altos funcionarios, incluidos los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito y jueces de Distrito.
La segunda reforma, referida a los ferrocarriles, recibió 30 votos a favor de Morena, PVEM, PT, PRI y MC, ocho en contra del PAN y una abstención del PRD. Esta reforma considera a los ferrocarriles como áreas prioritarias para el desarrollo nacional y permite al Ejecutivo federal otorgar concesiones a empresas privadas para el transporte ferroviario de pasajeros. Los opositores del PAN expresaron su desconfianza en el manejo del presupuesto, citando fracasos anteriores del Ejército en proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), debido a sobrecostos significativos.
El diputado Héctor Saúl Téllez (Acción Nacional) criticó la reforma, diciendo: “No confiamos en que el Ejército pueda llevar a cabo un buen trabajo, ya que el costo de la construcción del Tren Maya ha aumentado considerablemente, de los 120 mil millones de pesos proyectados a cerca de 480 mil millones de pesos.”
