Alrededor de 500 habitantes de 12 comunidades nahuas de Chilapa, Guerrero, solicitaron al Gobierno federal intervenir para desarticular al grupo criminal conocido como Los Ardillos, al que responsabilizan de diversos ataques que han provocado el desplazamiento de cientos de personas.
Los pobladores, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), también demandaron que se investigue a la presidenta municipal de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, por los presuntos vínculos que, aseguran, mantiene con integrantes de esa organización. Asimismo, exigieron la liberación de Jesús Plácido Galindo, dirigente comunitario actualmente recluido en el penal del Altiplano.
Durante una reunión realizada este viernes en Alcozacán, los habitantes denunciaron que, a tres meses de los ataques registrados en distintas localidades, las autoridades estatales y federales no han logrado detener a los responsables ni garantizar condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan regresar a sus comunidades.
Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 11 de mayo en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. De acuerdo con los pobladores, hombres armados rodearon las localidades, ingresaron a ellas y provocaron daños en viviendas, además de interrumpir el suministro eléctrico y las comunicaciones telefónicas.
También señalaron que durante los ataques hubo disparos desde zonas elevadas y agresiones mediante drones con explosivos, lo que obligó a niñas, niños, mujeres y adultos mayores a abandonar sus hogares y trasladarse hacia Alcozacán.
Según el balance presentado por los habitantes, la violencia dejó 12 personas asesinadas y alrededor de 800 desplazados, muchos de los cuales continúan sin poder regresar debido a la falta de garantías de seguridad.
Jesús Plácido Galindo fue uno de los principales representantes comunitarios que denunció públicamente estos hechos. En sus declaraciones acusó a la alcaldesa de Chilapa de brindar protección a Los Ardillos y sostuvo que existe un vínculo familiar entre ella y Celso Ortega Jiménez, señalado como dirigente del grupo criminal, por lo que solicitó una investigación.
A principios de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó el bloqueo de cuentas relacionadas con la presidenta municipal.
En el caso de Plácido Galindo, la Fiscalía lo acusa de homicidio agravado y de mantener vínculos con organizaciones criminales como Los Rojos, el Cártel de la Sierra o Los Tlacos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lleva su defensa legal, sostiene que las acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización contra el dirigente por su participación en la defensa de las comunidades indígenas.
Ante esta situación, integrantes de la CRAC-PF y del Cipog-EZ reiteraron su llamado al Gobierno federal para garantizar la seguridad de las comunidades y detener las agresiones. Afirmaron que durante la última década su principal actividad ha sido resistir la presencia y acciones de Los Ardillos en la región.
