La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno declaró como «confidencial» la información relacionada con posibles denuncias, quejas o procedimientos administrativos por presuntos actos de corrupción contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete, argumentando que revelar estos datos podría afectar su honor, prestigio y buen nombre.
Se solicitó conocer si existieron denuncias o procedimientos contra el exmandatario y titulares de diversas dependencias federales, como las secretarías de la Función Pública, Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Hacienda, además de organismos como la CFE, Pemex, IMSS e ISSSTE, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024.
En respuesta, la dependencia explicó que los Órganos Internos de Control, Unidades de Responsabilidades y Oficinas de Representación realizaron una búsqueda exhaustiva en sus registros electrónicos. Sin embargo, se aplicó el criterio de confidencialidad FUNCIONPUBLICA/CT/01/2020, aprobado por el Comité de Transparencia, para proteger la información relacionada con posibles investigaciones o procedimientos contra servidores públicos identificados o identificables.
Además, se precisó que cualquier información sobre el número de quejas o procedimientos administrativos abiertos se encuentra clasificada como «confidencial». Esta restricción limita el acceso público a estos datos bajo la justificación de proteger los derechos de las personas involucradas.
El manejo reservado de esta información ha generado cuestionamientos respecto a la transparencia en la rendición de cuentas de funcionarios de alto nivel, dificultando conocer si existieron investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción durante la administración pasada.