Alrededor de medio centenar de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron su inconformidad por la forma en que Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República, pues consideran que el proceso estuvo marcado por la falta de claridad y que el exfiscal no rindió cuentas sobre su labor antes de marcharse.
Las organizaciones advirtieron que el documento presentado por Gertz no cumplió con lo que establece la Constitución para una renuncia formal, y aun así el Senado avaló su separación del cargo sin que se expusiera una causa grave. Señalaron que este proceder refleja un manejo poco transparente por parte de las autoridades y un estilo de actuación autoritario dentro de la propia institución.
En su comunicado, recalcaron que las fiscalías en México han sido usadas por distintos gobiernos como herramientas de presión política, ya sea para perseguir a opositores o para proteger acuerdos que perpetúan la impunidad. Añadieron que estas instituciones tampoco garantizan justicia a las víctimas, pues las investigaciones suelen ser deficientes y en ocasiones generan más riesgos o revictimización.
Afirmaron que la rapidez con la que se procesó la salida de Gertz Manero evidencia el interés del Poder Ejecutivo y del actual gobierno federal por mantener influencia sobre la FGR. Mencionaron como ejemplo el veloz movimiento que permitió que la exconsejera jurídica fuera designada encargada del despacho prácticamente de inmediato.
Las organizaciones exigieron al Senado un proceso riguroso, abierto a la ciudadanía y transparente para seleccionar a la nueva persona que encabezará la FGR. Pidieron que se definan criterios claros basados en estándares internacionales, que se realicen entrevistas públicas y que haya un verdadero escrutinio social. También solicitaron que quienes aspiren a la Fiscalía entreguen un plan detallado para transformar la institución, combatir la corrupción e impunidad y mejorar su capacidad para investigar delitos, siempre con las víctimas al centro.
Propusieron que la próxima persona titular convoque a procesos abiertos para elegir a los fiscales especializados, especialmente en áreas como derechos humanos, delincuencia organizada, delitos electorales y control regional, con requisitos que permitan evaluar adecuadamente la idoneidad de cada candidato.
De igual forma, llamaron al Senado a emprender una revisión pública del desempeño de Gertz Manero y de los fiscales de áreas clave, incorporando testimonios de víctimas, especialistas y organizaciones civiles. Solicitaron que se presente un informe detallado que exponga los retrocesos y los desafíos que enfrenta la Fiscalía, con recomendaciones basadas en esas audiencias.
Recordaron que el 27 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que analizaba un documento del Senado relacionado con la situación del fiscal. Más tarde, la Cámara Alta recibió la comunicación en la que Gertz informaba que había sido invitado por la mandataria a representar a México como embajador en otro país y que por ello “se retiraba” del cargo.
Las organizaciones explicaron que, desde hace años, distintos colectivos han insistido en la necesidad de transformar a la FGR para que deje atrás prácticas que alimentan la impunidad y la violencia. Recordaron que durante el sexenio pasado señalaron graves deficiencias en la gestión de Gertz y una evidente regresión en temas como transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Asimismo, remarcaron que han pedido a distintos gobiernos un cambio profundo que garantice la autonomía de las fiscalías frente al poder político y otros intereses. Sin embargo, lamentaron que la reciente reforma judicial no atendiera estos problemas y, en cambio, politizara la elección de jueces, magistrados y ministros mediante votaciones populares.
Sostuvieron que la coordinación entre instituciones de seguridad y justicia es necesaria, pero no si implica debilitar la autonomía de la Fiscalía o favorecer acuerdos que protejan la impunidad. Insistieron en que el objetivo debe ser investigar con rigor, sostener los casos con evidencia sólida y reducir la violencia y la impunidad en el país.
El pronunciamiento fue respaldado por una amplia lista de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, entre ellas Artículo 19, Fundación para la Justicia, México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, colectivos de búsqueda de desaparecidos, grupos LGBTI+, instituciones académicas, centros de derechos humanos y especialistas independientes.
