Madres buscadoras y personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato fueron amenazados por integrantes de la delincuencia organizada durante las labores de búsqueda de Lorenza Cano Flores, integrante del colectivo «Salamanca Unido Buscando Desaparecidos», quien fue presuntamente localizada sin vida en una fosa clandestina en el municipio de Villagrán, junto con restos humanos de otras personas.
El fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que a pesar de las amenazas, los cuerpos fueron rescatados por los equipos que trabajaban en la zona. “Fue difícil, incluso con tintes de riesgo y peligro porque en la revisión… de la búsqueda, hubo amagos de la delincuencia organizada a los trabajos que veníamos haciendo, para la fiscalía y para las personas buscadoras, pero se hizo el rescate de cuerpos, restos humanos”, señaló.
Aunque existen indicios de que Lorenza Cano estaba entre los restos localizados, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, explicó recientemente ante diputados locales que, hasta que no se concluyan los estudios genéticos que confirmen de forma oficial su identidad, continuará en calidad de desaparecida.
Lorenza Cano fue víctima de desaparición forzada el pasado 15 de enero de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en Salamanca, la privó de la libertad y asesinó a su esposo e hijo al intentar impedir el secuestro. Lorenza buscaba desde hace años a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido desde el 17 de agosto de 2018.
Por su parte, el fiscal Vázquez Alatriste aseguró que ya se tienen algunos avances en los análisis del hallazgo, aunque por protocolo no puede adelantar resultados. También evitó precisar cuántas personas estarían entre los restos encontrados, argumentando la necesidad de seguir los lineamientos de contención y confidencialidad.
En otro tema, el fiscal se refirió a un anuncio que circuló en redes sociales sobre una supuesta convocatoria de contratación para la planta Honda, misma que resultó ser falsa. Tras investigaciones y rondines en la Central de Autobuses de Celaya —donde se citaba a los interesados— no se presentó ninguna persona. La empresa, a través de su representante legal, se deslindó completamente del anuncio y negó tener relación con el mismo, calificándolo como una broma de mal gusto.
Finalmente, Vázquez Alatriste informó sobre la apertura de una Carpeta de Investigación por la presunta venta de armas de fuego. Señaló que se actuó con rapidez y que, en caso de ser procedente, se hará el desglose correspondiente a la federación, por tratarse de un delito contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
