El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, y la excandidata a la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, han solicitado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que atienda las quejas pendientes sobre el proceso electoral del pasado 2 de junio en esa demarcación. Entre las quejas presentadas, destaca una por el rebase del tope de gastos de campaña del candidato de Morena, Javier López Casarín, quien resultó ganador en los comicios.
Atayde Rubiolo indicó que el Consejo General del INE tiene la obligación de resolver las quejas y dictámenes donde se denunció «de manera clara y contundente» que López Casarín gastó más de siete millones de pesos en su campaña, superando en más de cuatro millones de pesos el tope legal de gastos.
«En aras de la transparencia, la imparcialidad y la equidad en la contienda electoral, el INE debe atender nuestros planteamientos y quejas, pues en ellos se acredita claramente el rebase en los gastos y los actos anticipados de campaña en los que incurrió el hoy alcalde electo», señaló Atayde Rubiolo.
Lía Limón, también alcaldesa de Álvaro Obregón, afirmó que el proceso electoral fue «absolutamente inequitativo», lo que motivó la presentación de más de 200 denuncias ante la autoridad electoral, incluyendo al menos 10 quejas por actos anticipados de campaña y diversas violaciones al principio de imparcialidad. Instó a las autoridades electorales a actuar en consecuencia.
«Hemos recabado y presentado las pruebas que sustentan todas las irregularidades en la elección. La autoridad electoral tiene todos los elementos, por lo que exigimos se analicen las pruebas de manera exhaustiva y se atienda y resuelva conforme a derecho la impugnación que presentamos», manifestó Limón García.
Limón también señaló que durante la contienda electoral, el candidato de Morena realizó actividades proselitistas caracterizadas por la opacidad e ilegalidad. Ejemplos de esto incluyen la promoción y difusión de la tarjeta denominada «La obregonense», la realización de una jornada de salud a su nombre con un costo estimado de al menos 500 mil pesos, y más de 500 anuncios pagados en redes sociales por al menos 826 mil 364 pesos. Estas acciones fueron denunciadas y respaldadas con pruebas.
