En el contexto del proceso de elección judicial previsto para junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó la posibilidad de aplicar medidas precautorias o incluso descalificar a aspirantes vinculados con actividades ilícitas, específicamente a quienes han fungido como defensores de narcotraficantes. Esta postura surge luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconociera públicamente que entre los más de 3 mil candidatos a cargos en el Poder Judicial existen perfiles cuestionables.
Durante su conferencia matutina del miércoles 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que, si bien los candidatos ya fueron seleccionados y avalados formalmente, existe la posibilidad de impugnarlos en caso de que se presenten pruebas contundentes que los vinculen con el crimen organizado o que evidencien el incumplimiento de requisitos constitucionales, como no contar con un promedio mínimo de 8 en la licenciatura en Derecho.
“Desde mi punto de vista, si hay alguna prueba de que un candidato no cumple con los requisitos constitucionales, como vínculos con actividades delictivas o un promedio académico insuficiente, podrían aplicarse medidas precautorias o incluso descalificarse, aun si ya están en la boleta. Pero esto le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es la última instancia”, señaló la mandataria.
Sheinbaum también subrayó la importancia de presentar pruebas sólidas para que el TEPJF pueda tomar una decisión al respecto. Mientras tanto, reiteró su respeto al proceso judicial y a las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la ética en la elección de quienes integrarán el Poder Judicial.
