Siete servidores públicos de Uruapan, Michoacán, fueron detenidos por su probable participación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido a inicios de noviembre y que conmocionó al país, provocando protestas en distintas ciudades.
La Fiscalía de Michoacán informó que los arrestos se realizaron como parte de la investigación del homicidio, aunque no ofreció mayores detalles. Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez y serán puestos a disposición de un juez. Algunos de ellos fueron arrestados cerca de la Casa de Cultura y la plaza central, sitio del crimen, en medio de un fuerte despliegue de seguridad con Ejército, Guardia Nacional y policías estatales.
Estas detenciones se dan tres días después de la captura en Morelia de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto participante en la planeación del homicidio y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación incluyó análisis de llamadas, mensajes y videos, que permitieron identificar a otros miembros del grupo implicados, entre ellos Fernando Josué y Ramiro “N”, hallados muertos el 10 de noviembre en una carretera de Uruapan.
El homicidio del alcalde, un político independiente de 40 años, se produjo el 1 de noviembre cuando un joven pistolero, Víctor Manuel Ubaldo Vidales de 17 años, le disparó en la plaza central durante las celebraciones del Día de Muertos. Manzo falleció en el hospital tras recibir siete impactos de bala. El agresor murió en el lugar a manos de la seguridad del alcalde.
El crimen ocurrió en un contexto de alta presencia de grupos delictivos en Michoacán, como el CJNG, la Familia Michoacana y Los Viagras. Desde diciembre de 2024, Manzo contaba con protección especial que se reforzó en mayo con policías municipales y 14 elementos de la Guardia Nacional, tras recibir amenazas de estos grupos.
La muerte del alcalde provocó protestas en Uruapan, Morelia y Apatzingán, mientras que el gobierno federal lanzó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad en la entidad con más de 10.000 elementos y programas sociales y económicos para atender las causas de la violencia.
