La Cámara de Diputados avaló en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional, con 349 votos a favor de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 132 en contra de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Esta reforma elimina el carácter civil de la Guardia Nacional y formaliza su integración como una Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además, la iniciativa contempla la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional, con licencia especial otorgada por el Ejecutivo federal, puedan desempeñar cargos de elección popular o asumir funciones dentro de los tres niveles de gobierno, organismos públicos, empresas estatales o entidades descentralizadas.
De acuerdo con el dictamen, cuando la licencia otorgada a un integrante de la Guardia Nacional no tenga un plazo definido, esta concluirá al terminar el mandato presidencial de quien la haya autorizado.
La oposición acusó que esta reforma representa un paso más hacia la militarización de la seguridad pública y de la vida civil en México, así como un riesgo para los derechos de la ciudadanía.
Desde la tribuna, Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, criticó la iniciativa al considerar que ignora los requisitos establecidos en la Constitución para ocupar cargos de elección popular. “Para ser presidente de la República o legislador federal, los requisitos están claramente establecidos en los artículos 82 y 55 de la Constitución. Para las gubernaturas, cada estado establece los suyos. Pero, siendo realistas, este oficialismo cambia cualquier norma cuando le conviene, lo único que falta es que borren la Constitución y pongan lo que quieran”, advirtió.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una moción suspensiva al considerar que la reforma no solo militariza la seguridad pública, sino también la vida pública del país. La propuesta fue rechazada por la mayoría oficialista mediante votación a mano alzada. Ballesteros adelantó que su bancada interpondrá un amparo una vez concluido el proceso legislativo.
“Hoy se abre la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan ocupar cargos en cualquier nivel de gobierno. Esto marca el fin del Estado civil mexicano”, sentenció Ballesteros.
Desde el PT, el diputado Ricardo Mejía Berdeja defendió la reforma, recordando que desde 1999, cuando se creó la extinta Policía Federal durante el gobierno de Ernesto Zedillo, esta ya estaba integrada por elementos del Ejército y la Marina, sin que entonces se generara la misma polémica.
En contraste, el diputado del PAN, Guillermo Anaya, calificó la nueva ley como parte de un “paquete de espionaje” impulsado por el Ejecutivo, al vincularla con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, conocidas como la “Ley Espía”.
“Hoy existen controles judiciales para la intervención telefónica, pero con las reformas que Morena pretende, el gobierno podrá solicitar a las compañías telefónicas la ubicación en tiempo real de cualquier persona, sin límites y sin reglas claras”, advirtió Anaya.
A su vez, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, alertó que con las reformas en materia de telecomunicaciones y seguridad, el gobierno busca tener herramientas para vigilar a la oposición y restringir las libertades. “Hoy, en tiempo real, el gobierno podrá saber dónde está usted y quiénes lo acompañan. Si organiza una reunión para formar un partido, una protesta o un movimiento de oposición, lo sabrán todo, incluso qué están diciendo”, expresó.
La iniciativa continuará su discusión en lo particular en los próximos días, mientras crece el debate en torno a los riesgos de militarización y el uso de herramientas tecnológicas para el control político en el país.
