La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum que introduce tres nuevas leyes y establece la transferencia de funciones, recursos y personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Asimismo, se formaliza la creación del organismo denominado «Transparencia del Pueblo».
El dictamen fue avalado con 321 votos a favor de Morena, PT y PVEM, mientras que 125 legisladores del PRI, PAN y MC votaron en contra, señalando que la medida representa un abuso de poder, viola derechos humanos, desmantela la rendición de cuentas y promueve la centralización y el control de la información.
La reforma contempla la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre sus puntos más controvertidos se encuentran la facultad para clasificar información considerada sensible para la seguridad del Estado, así como declarar confidenciales las denuncias y procedimientos administrativos contra servidores públicos. Además, otorga al Ejecutivo Federal la potestad de designar al presidente del organismo «Transparencia del Pueblo».
Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia, defendió la reforma asegurando que contribuirá a una administración pública más ágil y eficiente, al reducir costos en un 65% en comparación con el Inai, con un ahorro anual estimado en casi mil 100 millones de pesos.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó una moción para suspender la discusión, argumentando que la iniciativa vulnera derechos fundamentales y centraliza el control de la información. La moción fue rechazada.
El diputado priista Arturo Yañez Cuéllar calificó la reforma como «una burla», afirmando que pone en riesgo el acceso a la información al dejar en manos del gobierno la decisión de qué datos se hacen públicos. En la misma línea, Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, sostuvo que la medida no pretende fortalecer la transparencia, sino destruirla, afirmando que «sin información no hay justicia, y sin transparencia no hay democracia».
En contraste, la diputada morenista Claudia Rivera Vivanco defendió la medida, asegurando que el Inai se había convertido en una institución ineficaz y corrupta. Citó irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, incluyendo presiones económicas a empleados y contratos sospechosos, para justificar la necesidad de la reforma. Según Rivera Vivanco, la transparencia no se perderá con estos cambios.
Tras la aprobación en lo general, el dictamen pasó a discusión en lo particular.
