El pleno de la Cámara de Diputados de México rechazó el dictamen de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que la iniciativa no alcanzara la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución.
La votación registró 259 sufragios a favor por parte de legisladores de Morena, mientras que 234 diputados votaron en contra, entre ellos integrantes del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. Además, se registró una abstención.
Durante la sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro no se realizó discusión en lo general del dictamen; únicamente intervinieron en tribuna los seis coordinadores parlamentarios para fijar la postura de sus respectivas bancadas.
Aunque las bancadas del PT y del PVEM votaron en contra del dictamen, ambos partidos señalaron que continuarán formando parte de la alianza política con Morena.
La propuesta contemplaba reformas a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134, con el objetivo de modificar aspectos del sistema electoral y fortalecer mecanismos de participación ciudadana.
Entre los cambios planteados se encontraba la posibilidad de utilizar medios electrónicos en consultas populares, así como nuevas responsabilidades para el Instituto Nacional Electoral para promover la participación ciudadana y el debate público informado.
El dictamen también proponía modificar el cálculo del financiamiento público de los partidos políticos, estableciendo que éste se determine multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, la iniciativa incluía nuevas restricciones sobre el financiamiento de campañas, prohibiendo aportaciones provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, personas extranjeras o mexicanos residentes en el extranjero, así como recursos de origen ilícito. Las aportaciones privadas, de acuerdo con la propuesta, sólo podrían realizarse por personas físicas mexicanas mediante transferencias electrónicas, eliminando el uso de efectivo.
Otro de los puntos incorporaba reglas sobre el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral. El dictamen establecía que cualquier contenido relacionado con procesos electorales modificado mediante IA debía identificarse claramente, además de obligar a radio, televisión y plataformas digitales a advertir sobre materiales que no estén etiquetados.
La reforma también proponía ajustes en la integración de la Cámara de Diputados, especialmente en la asignación de las 200 curules de representación proporcional, mediante un sistema combinado que considerara el desempeño distrital de los candidatos y la votación en circunscripciones regionales, incluyendo representación de mexicanos residentes en el extranjero.
Además, el proyecto contemplaba reforzar acciones afirmativas para garantizar candidaturas de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y otros grupos históricamente subrepresentados.
En el régimen transitorio se planteaba que el Congreso de la Unión y los congresos estatales adecuaran sus leyes antes del 15 de mayo de 2026, mientras que el INE debería emitir lineamientos para implementar los cambios.
Tras la votación, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, calificó el rechazo de la reforma como un hecho “histórico” y afirmó que marca el inicio de una etapa complicada para Morena.
Por su parte, el coordinador panista en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que la iniciativa fue elaborada sin tomar en cuenta a la oposición y advirtió que su partido tampoco respaldaría un eventual “plan B” que busque modificar leyes secundarias en materia electoral.
