El senador Agustín Dorantes Lámbarri cuestionó la política social del Gobierno federal y sostuvo que el éxito de los programas públicos no debe evaluarse por el crecimiento del padrón de beneficiarios, sino por su capacidad para mejorar de manera permanente las condiciones de vida de las familias.
Durante la sesión del Senado de la República dedicada a la evaluación de la política social del país, en el marco del segundo informe de gobierno federal, el legislador afirmó que los apoyos económicos cumplen una función importante para muchas personas, pero deben servir como un punto de partida para superar condiciones de vulnerabilidad y no convertirse en un límite para las aspiraciones de los beneficiarios.
Dorantes Lámbarri señaló que los programas sociales constituyen derechos financiados con recursos públicos y, por ello, consideró que su verdadero impacto debe medirse a partir de los cambios que generan en la vida de la población.
En este sentido, planteó que una estrategia efectiva para combatir la pobreza debe estar acompañada de educación accesible y de calidad, servicios de salud oportunos, empleos formales y mejor remunerados, así como políticas dirigidas a disminuir las desigualdades y atender a quienes enfrentan mayores dificultades.
El senador también cuestionó que la entrega de becas pueda considerarse suficiente si persisten deficiencias en infraestructura escolar, capacitación docente o preparación de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. De igual manera, señaló que el acceso a la salud requiere garantizar medicamentos y tratamientos oportunos.
Respecto al empleo, sostuvo que la generación de oportunidades debe considerar mejores condiciones de seguridad social, capacitación y alternativas para jóvenes, mujeres y emprendedores.
Por ello, Dorantes Lámbarri consideró que los informes sobre política social deberían ir más allá de contabilizar recursos distribuidos y personas beneficiarias. A su juicio, es necesario conocer cuántos jóvenes lograron permanecer en las aulas, cuántos pacientes tuvieron acceso efectivo a sus tratamientos y cuántas personas consiguieron incorporarse a un empleo formal.
El legislador resumió su postura al señalar que el objetivo de una política social no debe ser administrar permanentemente la pobreza, sino generar las condiciones para que cada vez menos familias requieran de un apoyo gubernamental para salir adelante.
