Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), criticó al gobierno por no aprovechar la oportunidad de combatir el robo de diesel mediante el cruce de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Gómez mencionó que el gobierno tiene acceso a toda la información sobre quiénes adquieren combustible ilícito y quiénes realizan compras legales. Propuso que mediante el complemento de la Carta Porte, que registra los kilómetros recorridos por los camiones, el gobierno podría identificar las unidades que utilizan diesel ilegal. Esta digitalización del transporte de carga facilitaría la detección de prácticas irregulares.
La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) informó que aproximadamente un tercio de los litros de combustible en México se venden ilegalmente, obtenidos de tomas clandestinas, huachicol fiscal o mediante mezclas que dañan los vehículos.
Rogelio Montemayor, expresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), también reconoció la magnitud del problema del huachicol y lamentó la falta de regulación efectiva para combatir estas prácticas desleales en el mercado. Señaló la visibilidad evidente de estas operaciones en las carreteras y cuestionó por qué las autoridades no actúan contra lo que es evidente para todos.
Una encuesta de PetroIntelligence reveló que el 59% de los gasolineros perciben un aumento en el robo directo a los consumidores, con litros incompletos, comparado con el año anterior. A pesar de los esfuerzos de la Profeco por supervisar el sector y presentar resultados regularmente en las conferencias del presidente López Obrador, la problemática persiste.
