La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Consulado de México en Nueva York recibió una solicitud de Ismael «El Mayo» Zambada para ser repatriado a México, alegando que fue secuestrado en territorio nacional y trasladado ilegalmente a Estados Unidos. La mandataria señaló que el caso ha sido turnado a la Fiscalía General de la República, destacando que más allá de la identidad del solicitante, lo relevante es la forma en que ocurrió su detención.
Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, argumentó en un documento dirigido al consulado que su captura violó acuerdos internacionales y advirtió sobre posibles repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Su asesor jurídico en México, Juan Manuel Delgado González, confirmó que la petición fue presentada de manera oficial.
Según el escrito, en julio de 2024 fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, y trasladado a Texas, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses. Actualmente enfrenta cargos en Nueva York por narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada. Además, advirtió que su situación podría sentar un precedente preocupante, pues cualquier ciudadano mexicano podría ser llevado sin proceso legal a otro país.
Sheinbaum indicó que la Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ya investiga el caso y que el próximo martes, durante el informe de seguridad, se presentarán avances sobre las gestiones realizadas con el gobierno estadounidense. Ante preguntas sobre una posible protesta formal por la violación de tratados internacionales, la presidenta afirmó que el asunto será revisado, enfatizando que el punto central es el derecho de un ciudadano mexicano a enfrentar un proceso legal conforme a la ley.
Por su parte, Zambada exigió que el Gobierno mexicano intervenga para impedir la aplicación de la pena de muerte en su contra, calificando esta gestión como una obligación del Estado. Asimismo, solicitó que México requiera un informe detallado a Estados Unidos sobre su captura y el proceso de entrega, además de identificar a los responsables de su traslado.
El capo insistió en que cualquier juicio en su contra debe llevarse a cabo en México y no en territorio estadounidense, advirtiendo que la falta de acción por parte del Gobierno representaría una vulneración de la soberanía nacional y abriría la puerta a más intervenciones extranjeras en el país.
