El asesinato reciente de tres líderes empresariales a manos del crimen organizado ha generado gran preocupación en el sector privado, que teme represalias al denunciar extorsiones, según declaraciones de presidentes de confederaciones en una entrevista con El Universal.
Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), expresó su alarma sobre la situación, señalando que “la tragedia que vive el país nos pone en riesgo a todos”. Subrayó que los crímenes recientes deben marcar un cambio significativo, recordando que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se fundó tras el asesinato de Eugenio Garza Sada, cofundador de Cervecería Cuauhtémoc.
El mes pasado, la expresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola de Ensenada, Baja California, Minerva Pérez Castro, fue asesinada después de denunciar extorsiones del crimen organizado. También fueron víctimas de homicidio Marcos Gabriel Wisbrun Terrazas, propietario de la compañía de cereales Chachitos en Chihuahua, y Julio César Almanza Armas, exlíder de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), destacó que estos eventos subrayan la creciente preocupación por la seguridad en el país y el riesgo que enfrentan los empresarios. Coparmex reportó que, en la primera mitad del año, hubo un promedio diario de 31 víctimas de extorsión, mientras que el Inegi estima que el porcentaje de extorsiones no denunciadas alcanza el 97%.
Un directivo que prefirió mantenerse en el anonimato comentó que “denunciar o negarse a pagar la extorsión es extremadamente peligroso, ya que hay riesgo de muerte. Los propietarios son amenazados, y hay casos en todos los sectores”. Agregó que “la autoridad a nivel máximo suele desestimar los casos, y cuando se hacen denuncias, a menudo se sospecha de complicidad con el Ministerio Público, lo que alerta a las bandas locales”.
El directivo también señaló que las amenazas se extienden a los empleados, quienes temen por su vida y la de sus familias debido a la información que las bandas tienen sobre ellos, como sus domicilios y escuelas de sus hijos.
Según la Primera Medición de 2024 de Data Coparmex 2.0, el 74% de las extorsiones no se denuncian por la creencia de que no se resolverán los casos.
