Desde este 1 de enero, entraron en vigor importantes reformas constitucionales que redefinen aspectos clave en materia de seguridad e impartición de justicia en México. La modificación al artículo 21 de la Constitución otorga nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para participar en la investigación de delitos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras instancias. Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta secretaría ahora podrá formular y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, coordinar programas y políticas en la materia, así como apoyar directamente al Ejecutivo federal en temas de seguridad nacional.
El decreto también subraya que la investigación de delitos seguirá siendo responsabilidad del Ministerio Público, pero ahora podrá ser apoyado por la Guardia Nacional, la SSPC y otras corporaciones policiales, bajo su conducción y mando.
Por otro lado, también comenzó a regir la reforma al artículo 19 de la Constitución, que regula la prisión preventiva oficiosa. Ahora, el Ministerio Público sólo podrá solicitar esta medida cuando otras cautelares no sean suficientes para asegurar la presencia del imputado, el desarrollo de la investigación o la protección de víctimas y testigos. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa sigue aplicándose en delitos graves como violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión y delitos relacionados con sustancias químicas, fentanilo y drogas sintéticas.
A pesar de estas reformas, la prisión preventiva oficiosa ha sido objeto de críticas a nivel internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su postura en contra de esta medida. Volker Turk, el alto comisionado de la ONU, señaló que esta política no es la solución adecuada y enfatizó la necesidad de abandonar enfoques centrados en el encarcelamiento, argumentando que transgrede los derechos humanos y no resuelve las causas estructurales de la criminalidad.
Estas reformas plantean retos tanto en su implementación como en su impacto sobre el sistema de justicia mexicano, en un contexto donde las críticas nacionales e internacionales ponen en la mesa la tensión entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos.