El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó la reciente transferencia de 29 individuos vinculados al crimen organizado hacia Estados Unidos, en respuesta a una solicitud formal del gobierno estadounidense. Según explicó, esta acción se sustentó en el Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y se llevó a cabo dentro del marco legal mexicano.
Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero enfatizó que la medida no transgrede ninguna norma del país, ya que se trata de un asunto de seguridad nacional. También criticó al Poder Judicial, señalando que durante más de una década se han presentado obstáculos que han retrasado la impartición de justicia. Como ejemplo, mencionó casos que deberían resolverse en un plazo de 45 días y que han permanecido estancados por más de once años.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la decisión y afirmó que algunos jueces estaban a punto de liberar a varios de los delincuentes enviados a Estados Unidos. Según el funcionario, la expulsión de estos individuos es un beneficio para la sociedad mexicana, ya que muchos de ellos estaban involucrados en actos de violencia, corrupción, homicidios y extorsiones. García Harfuch reveló que existían indicios de posibles liberaciones, como en el caso reciente de José “N”, alias “El Güerito”, quien fue detenido por el Ejército Mexicano la semana pasada. Esta situación reforzó la determinación de llevar a cabo la operación.
Ante cuestionamientos sobre si esta acción representaba una renuncia de México a su capacidad para impartir justicia, el secretario negó dicha interpretación. Destacó que los retrasos judiciales han impedido castigar a delincuentes responsables de múltiples crímenes, mientras que en Estados Unidos existen condenas de hasta 40 años para estos casos. Subrayó que la decisión forma parte de una estrategia de seguridad del gobierno mexicano para hacer frente a la impunidad.
Gertz Manero agregó que la expulsión de los detenidos también está sustentada en el Artículo 89 de la Constitución, el cual faculta al Ejecutivo para garantizar la seguridad nacional y utilizar a las fuerzas armadas cuando sea necesario. Además, hizo referencia a la Ley de Seguridad Nacional, que contempla como amenazas los actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, interferencia extranjera y la obstrucción de acciones contra la delincuencia organizada.
El operativo que culminó con el traslado de los 29 individuos fue descrito por García Harfuch como una acción sin precedentes. En la operación participaron más de 3,500 elementos de diversas corporaciones de seguridad, con el apoyo de 342 vehículos y 20 aeronaves. Las autoridades aclararon que la medida no fue una extradición formal, sino una expulsión justificada bajo el criterio de seguridad nacional. A través de sus redes sociales, García Harfuch reiteró que el propósito central de la estrategia de seguridad es salvaguardar a la población y proteger la soberanía nacional. El secretario explicó que esta acción es el resultado de una estrecha colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y destacó que la cooperación bilateral ha permitido fortalecer la seguridad en ambos países.
Según el gobierno federal, algunos de los individuos trasladados tenían órdenes de extradición pendientes desde hace cuatro décadas, mientras que otros llevaban más de diez años esperando el proceso. Las autoridades mexicanas detallaron que estos delincuentes enfrentan investigaciones en Estados Unidos por delitos como lavado de dinero, tráfico de armas y homicidio, mientras que en México se les atribuyen ataques contra servidores públicos y otros actos de violencia extrema. En la operación intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. Todos los traslados se llevaron a cabo sin incidentes y con estricto apego a los protocolos internacionales.
La conferencia de prensa donde se dieron a conocer estos detalles marcó un hecho inédito en el sexenio, pues fue la primera vez que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General compartieron un espacio para abordar un tema de esta magnitud. Desde el día anterior, el gobierno mexicano había informado sobre el traslado de los 29 criminales, entre los que destacan figuras como Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Óscar Omar Treviño Morales (“Z-42”). Se subrayó que esta acción es parte del trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Algunos analistas sugieren que la medida responde a la necesidad de evitar problemas en las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con información del programa «Los Periodistas», el gobierno federal detectó el riesgo de que jueces mexicanos pudieran liberar a estos delincuentes, lo que habría generado tensiones con Estados Unidos. Además, el programa citó fuentes oficiales que respaldaron las declaraciones de Gertz Manero sobre la actuación del Poder Judicial, acusando a algunos jueces de retrasar extradiciones y entorpecer la lucha contra la corrupción.
La Procuradora General de Estados Unidos, Pamela Bondi, celebró la acción del gobierno mexicano y anunció que los 29 detenidos ya se encuentran bajo custodia en su país. Bondi advirtió que algunos de ellos podrían enfrentar la pena de muerte, dependiendo de los cargos y las decisiones de los tribunales estadounidenses.
