La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó este viernes el Plan Estratégico de Persecución Penal 2026-2029, con el que anunció el inicio de una nueva fase en la procuración de justicia federal centrada en investigación, modernización institucional y atención a los delitos de mayor impacto social.
Durante el acto oficial, la fiscal aseguró que concluye una etapa en la que las instituciones respondían de forma aislada e insuficiente frente a la criminalidad.
Ante integrantes del Gabinete de Seguridad, gobernadores y fiscales estatales, sostuvo que la nueva Fiscalía buscará actuar con transparencia, sin privilegios ni corrupción, y enfocada en recuperar la confianza ciudadana.
Entre los principales ejes del plan destacó el fortalecimiento de las sedes regionales y la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, considerada el brazo operativo y de inteligencia de la dependencia.
Godoy explicó que se implementará una dinámica interna para priorizar recursos hacia delitos que más afectan a la población, entre ellos extorsión, feminicidio y desaparición de personas.
También informó que personal de la FGR ya se encuentra desplegado en 61 municipios considerados prioritarios, con el objetivo de acercar la justicia a víctimas que actualmente deben trasladarse largas distancias para presentar denuncias o dar seguimiento a sus casos.
Añadió que se reforzará la presencia operativa, la capacidad de investigación y la coordinación entre instituciones para combatir estructuras criminales de alto impacto.
La fiscal señaló que el país atraviesa un momento complejo por el fenómeno delictivo y sostuvo que la procuración de justicia debe convertirse en un pilar para reconstruir la confianza social.
Indicó además que la transformación institucional debe basarse en trabajo riguroso, sensibilidad hacia las víctimas, uso ético de la inteligencia y compromiso con el interés público.
En materia de desaparición de personas, Godoy afirmó que la Fiscalía actuará como respaldo técnico y científico para mejorar la integración de carpetas de investigación y garantizar que cumplan con estándares de debida diligencia.
Sostuvo que esto permitirá construir casos sólidos que lleven a los responsables ante la justicia.
La funcionaria también respondió a recientes señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y aseguró que en México no existe una práctica generalizada ni sistemática de desapariciones forzadas.
Afirmó que el gobierno federal no tiene nada que ocultar y que, por el contrario, existen avances importantes dentro de la estrategia nacional de búsqueda de personas.
Entre ellos mencionó la puesta en marcha de una alerta nacional de búsqueda y otras acciones impulsadas por la actual administración.
