El año 2024 ha sido el más violento registrado en Chiapas, como resultado del conflicto entre organizaciones criminales que buscan dominar el estado. Este enfrentamiento ha generado el desplazamiento de 279 personas hacia Guatemala y cobrado la vida de figuras clave como el sacerdote Marcelo Pérez y el periodista Víctor Culebro. También se reportaron los asesinatos de dos catequistas y sus familiares, mientras los líderes religiosos exhortaban a los católicos en la Sierra Madre a no involucrarse con estos grupos delictivos.
Los homicidios dolosos en Chiapas han mostrado un aumento sostenido en los últimos años. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2024 se contabilizaron 620 homicidios, en contraste con los 457 registrados en 2023, 342 en 2022, 399 en 2021 y 393 en 2020.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez el 20 de octubre, justo al finalizar una misa en el barrio de Cuxtitali, estremeció a la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Este hecho marcó un hito, ya que desde la llegada del obispo Samuel Ruiz García en 1959, la represión hacia líderes religiosos en Chiapas se había limitado al encarcelamiento o la expulsión. Según el teólogo Jorge Santiago, este crimen representa «un golpe a las luchas por la paz». El investigador Gerardo González Figueroa, del Colegio de la Frontera Sur, advirtió que este hecho eleva el nivel de riesgo para activistas, defensores de derechos humanos y periodistas en la región.
Otra tragedia ocurrió el 12 de mayo en Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, cuando un grupo criminal atacó a 11 personas en sus viviendas. Las víctimas fueron asesinadas a balazos y sus cuerpos incinerados. Según el obispo auxiliar Luis Manuel López Alfaro, estas personas fueron castigadas por negarse a colaborar con el crimen organizado, declarando que «su único delito fue tener un corazón de Dios».
En medio de este panorama, las autoridades han intentado contener la violencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas informó sobre un operativo realizado por el grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en el cual se catearon cinco ranchos controlados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante más de tres años. En dichos predios, ubicados en la cabecera municipal de Frontera Comalapa, se aseguraron 15 vehículos ligeros, cuatro vehículos pesados, cinco unidades con blindaje artesanal («monstruos»), cuatro motocicletas, 53 cabezas de ganado y se logró rescatar a 15 extranjeros en cautiverio.
