El gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de su presión contra el tribunal por las investigaciones relacionadas con Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Israel. La decisión generó críticas de distintos sectores internacionales, incluidos países cercanos a Washington.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dio a conocer las medidas el viernes y afirmó que buscan limitar los recursos y las operaciones de la corte, a la que acusó de actuar en contra de los intereses de su país.
Las sanciones restringen el acceso de la CPI a servicios financieros con sede en Estados Unidos, empresas tecnológicas y operaciones en dólares. Además, establecen un plazo de seis meses para que personas y compañías dentro del territorio estadounidense que mantengan relaciones comerciales con el tribunal pongan fin a esas actividades.
Funcionarios de Washington señalaron que las medidas se preparaban desde hacía meses, luego de que el anuncio coincidiera con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien fue jueza de la CPI y de otros tribunales internacionales. La coincidencia generó comentarios debido al interés que Trump ha expresado por obtener ese reconocimiento.
La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y advirtió que representan un intento de obstaculizar la administración de justicia y limitar el cumplimiento de su mandato. También consideró que la decisión constituye un ataque al Estado de derecho y a los principios que sustentan el orden jurídico internacional.
Las nuevas medidas profundizan el enfrentamiento entre la administración Trump y el tribunal internacional, cuyas investigaciones y actuaciones han provocado tensiones con Estados Unidos y algunos de sus aliados.
