Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reveló que su gobierno está colaborando con México en un plan para frenar el tráfico de armas hacia los cárteles del narcotráfico, al tiempo que buscan reducir el flujo de fentanilo y migrantes hacia EE. UU. En una entrevista, Rubio explicó que ambos países están trabajando juntos para abordar estos problemas, solicitando a México medidas para evitar que los cárteles adquieran armas en EE. UU., que luego son traficadas a México.
El gobierno estadounidense también busca detener el flujo de armas que fortalece a los grupos criminales mexicanos. Rubio subrayó que existe un equipo coordinado en el que participan figuras clave como la fiscal general Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, para trabajar con las autoridades mexicanas.
El tráfico de armas desde EE. UU. ha sido un tema recurrente en la relación bilateral, ya que muchas de las armas utilizadas por el crimen organizado en México provienen de ese país. Rubio expresó optimismo respecto a los acuerdos que se están gestando para reducir este tráfico y el flujo de drogas en la región.
Por otro lado, en México, legisladores de oposición exigieron transparencia sobre si existen acuerdos con Estados Unidos que han permitido los sobrevuelos de espionaje en la frontera para combatir a los cárteles. Mientras que los morenistas aseguraron que estos vuelos se realizaron sobre el Espacio Aéreo Internacional y no constituyen una amenaza, algunos senadores de oposición, como Manuel Añorve del PRI, pidieron explicaciones al gobierno federal sobre los acuerdos que podrían haber permitido estas acciones.
El senador Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano subrayó la necesidad de que el gobierno mexicano sea transparente sobre las operaciones de Estados Unidos en suelo mexicano, especialmente después de que el Comando Norte reconociera el aumento de vuelos de reconocimiento en las últimas semanas. Otros legisladores también criticaron la falta de información sobre los acuerdos y advirtieron que estos sobrevuelos podrían estar llevando a cabo sin el debido pronunciamiento o revisión por parte del Senado.