Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que la gentrificación es un fenómeno creciente en muchas ciudades mexicanas y del mundo, impulsado principalmente por intereses inmobiliarios, que afecta de forma negativa a sus habitantes originarios. Sin embargo, también resaltan que algunas urbes han adoptado estrategias estatales para proteger a sus comunidades.
Vicente Moctezuma Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, explica que la gentrificación implica la transformación de un área urbana por la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo, lo que desplaza a los habitantes tradicionales hacia las periferias. Este proceso está ligado al mercado del suelo y las dinámicas capitalistas, reproduciendo y acentuando desigualdades sociales.
Entre las consecuencias principales, el experto menciona el desplazamiento de personas, el incremento de las rentas, y la sustitución de comercios tradicionales por grandes tiendas y centros comerciales inaccesibles para la población original. Por su parte, la arquitecta Eftychia Danai Bournazou Marcou, de la Facultad de Arquitectura, define la gentrificación como el reemplazo de grupos sociales de bajos ingresos por otros con mayores recursos en zonas urbanas, resultado de inversiones públicas y privadas que elevan el costo de vida y provocan desplazamientos graduales o rápidos.
Bournazou Marcou señala que la gentrificación refleja la subordinación del Estado a las necesidades del mercado, ejemplificada en la flexibilización de marcos legales. Pese a su expansión global, algunos lugares como San Francisco, Nueva York, París, Viena y Uruguay han establecido controles para mitigar sus efectos, como topes a las rentas y la promoción de cooperativas de vivienda.
Vicente Moctezuma enfatiza que para frenar la gentrificación se requiere que el Estado priorice una dimensión ética por encima de la búsqueda de ganancias, implementando regulaciones que protejan la vida social y cultural de los barrios frente a las presiones del mercado.
Como alternativas, la arquitecta propone dos modelos: la producción masiva de vivienda social estatal en arrendamiento, y el fomento de cooperativas de vivienda que permitan una defensa colectiva frente a inmobiliarias, modelo exitoso en Uruguay. Además, menciona el “Bando Uno” en la Ciudad de México, una estrategia para estabilizar rentas, proteger el arraigo comunitario y combatir la especulación inmobiliaria, con participación activa de la sociedad en las decisiones.
Ambos especialistas coinciden en que poner en el centro a las personas, más que al aspecto económico, es clave para afrontar los retos que plantea la gentrificación.
