La Fiscalía General de la República señala al presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, conocido como “El Presidente”, por presuntamente haber participado en el secuestro de dos aspirantes de Morena en 2021 con el objetivo de obligarlos a renunciar a la candidatura por la alcaldía de ese municipio.
De acuerdo con la investigación federal, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez fueron privados de la libertad por un grupo armado encabezado por Rivera Navarro y personas de su círculo cercano, quienes los golpearon y mantuvieron cautivos hasta que firmaron su renuncia, la cual fue presentada ante el Instituto Electoral de Jalisco en marzo de ese año, una vez que recuperaron su libertad.
El expediente indica que las víctimas fueron llevadas a casas de seguridad que también eran utilizadas para retener a comerciantes y empresarios que se negaban a pagar extorsiones. La FGR sostiene que estos hechos forman parte de una estructura criminal que operaba desde el ayuntamiento, con presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según la indagatoria, Rivera Navarro habría pactado con dicha organización criminal su llegada a la presidencia municipal, desde donde encabezó una red dedicada al secuestro, la extorsión y la intimidación de adversarios políticos y actores económicos del sector tequilero. En estas actividades habrían participado funcionarios municipales de primer nivel, entre ellos directores de Seguridad Pública, Obras Públicas, Catastro, Padrón y Licencias, así como el tesorero y el jefe de Gabinete.
La investigación, iniciada en agosto de 2025, detalla que comerciantes del centro de Tequila eran obligados a pagar cuotas mensuales que iban de 20 mil a 50 mil pesos para poder operar. Quienes se negaban eran amenazados, secuestrados y, en algunos casos, asesinados. El dinero recaudado presuntamente era administrado y lavado por funcionarios del propio ayuntamiento.
Testimonios recabados por la Fiscalía refieren que el alcalde presumía ante sus víctimas contar con el respaldo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, y utilizaba ese argumento para infundir miedo y garantizar el cobro de las extorsiones. Una denuncia anónima incluida en el expediente señala que Rivera Navarro mencionaba incluso eventos públicos para demostrar su cercanía con el grupo criminal.
Regidoras del Ayuntamiento de Tequila también declararon ante autoridades federales que el edil presuntamente entregaba recursos públicos al CJNG y que utilizaba a la policía municipal como brazo armado para ejecutar secuestros y cobros de piso. Una de ellas afirmó haber recibido amenazas y contar con protección estatal, mientras que otra aseguró que el grupo criminal financió y operó políticamente la campaña que llevó a Rivera Navarro a la alcaldía.
Para la FGR, el caso evidencia una fusión entre el ejercicio del cargo público y actividades delictivas, mediante una estructura criminal que operaba desde la presidencia municipal y que utilizaba recursos, personal y atribuciones oficiales para cometer delitos de alto impacto.
