La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y miembros de su círculo cercano describe una estructura criminal transnacional en la que México tuvo un papel central como ruta de traslado, plataforma logística y punto clave para el lavado de dinero del narcotráfico. El documento sustenta los cargos por narcoterrorismo y perfila una alianza directa entre el gobierno venezolano y organizaciones criminales mexicanas como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
El expediente judicial, de más de dos decenas de páginas, sostiene que durante años altos funcionarios venezolanos coordinaron el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, apoyándose en la infraestructura y control territorial de los cárteles mexicanos. Según la fiscalía, estas organizaciones no sólo facilitaron el cruce de la droga hacia el norte, sino que participaron en un esquema integral que incluyó protección armada, distribución y manejo de recursos ilícitos.
De acuerdo con la acusación, la relación entre el régimen venezolano y los grupos criminales se remonta a finales de la década de 1990 y se consolidó mediante acuerdos para mover cargamentos que podían alcanzar hasta 20 toneladas por envío. La droga salía de puertos venezolanos bajo resguardo oficial y era enviada directamente a puertos mexicanos, desde donde se organizaba su traslado hacia el mercado estadounidense.
El documento también describe el uso de México como un punto estratégico para el lavado de dinero. La fiscalía sostiene que, cuando Maduro se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores, facilitó la entrega de pasaportes diplomáticos a narcotraficantes con el fin de permitirles mover ganancias ilícitas desde México hacia Venezuela sin ser inspeccionados. Estas operaciones incluían vuelos privados que aterrizaban bajo el argumento de misiones diplomáticas, con previo aviso a la representación venezolana en territorio mexicano.
La acusación detalla además colaboraciones directas con figuras del Cártel de Sinaloa. Señala que, alrededor de 2011, Joaquín “El Chapo” Guzmán financió la producción de cocaína en Colombia, la cual era trasladada hacia Venezuela con apoyo de las FARC y posteriormente protegida por funcionarios aliados al gobierno de Maduro antes de ser enviada a México. Este esquema muestra, según el expediente, una coordinación entre guerrillas colombianas, cárteles mexicanos y autoridades venezolanas.
Aunque la relación diplomática entre México y Venezuela incluyó visitas oficiales y encuentros multilaterales en años recientes, la fiscalía subraya que estas actividades se desarrollaron de manera paralela a la red criminal que ahora se investiga. Para Estados Unidos, la evidencia apunta a que el territorio mexicano no sólo fue una ruta de paso, sino un componente esencial de una operación que combinó poder político, crimen organizado y corrupción institucional.
Tras la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos, el proceso judicial avanzará en un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentará cargos por conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas de uso militar. El caso, de acuerdo con la fiscalía, podría revelar más detalles sobre una de las alianzas criminales más amplias y complejas de las últimas décadas, con repercusiones directas para la seguridad regional y el combate al narcotráfico en el hemisferio.
