La Secretaría de Gobernación (Segob) prepara una nueva legislación para actualizar las reglas que rigen a los casinos y centros de apuestas en México, luego de que el marco vigente permaneciera prácticamente sin cambios desde 1947.
La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, informó que el proyecto de ley ya se encuentra en una etapa avanzada de revisión interna entre distintas áreas del gobierno federal. El siguiente paso será presentarlo ante el Gabinete de Seguridad para determinar su viabilidad y continuar con el proceso correspondiente.
La funcionaria señaló que, paralelamente a la actualización de las normas, se han intensificado las acciones de supervisión sobre los establecimientos del sector, particularmente cuando existen indicios de actividades ilícitas.
Rodríguez detalló que alrededor de 20 casinos han sido cerrados como resultado de investigaciones relacionadas con posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal. Estas acciones, explicó, se han realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La secretaria también advirtió a los empresarios del sector que cualquier intento de corrupción hacia servidores públicos de Gobernación será sancionado, al tiempo que aseguró que la dependencia busca eliminar la intervención de gestores, representantes o intermediarios en los trámites relacionados con los casinos.
En este sentido, pidió a los permisionarios realizar directamente ante la Secretaría cualquier gestión que corresponda, con el propósito de evitar intermediarios y posibles actos de corrupción.
Entre las obligaciones que deberán observar los establecimientos se encuentran el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales y el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores.
Para fortalecer la transparencia durante las inspecciones, Gobernación planteó que tanto los empresarios como los inspectores documenten en video los procedimientos. La medida busca generar evidencia de lo ocurrido durante las revisiones y reducir la posibilidad de irregularidades de ambas partes.
Rosa Icela Rodríguez sostuvo que la dependencia mantendrá una política de supervisión basada en la legalidad y la transparencia, mientras el proyecto de nueva legislación es analizado por el Gabinete de Seguridad.
De avanzar el proceso, la iniciativa representaría una actualización del marco jurídico que regula a una industria cuya normativa principal tiene casi ocho décadas de antigüedad.
