El Gobierno de Bolivia aseguró que la detención del exmandatario Evo Morales se encuentra entre sus principales objetivos, debido a las órdenes de captura vigentes en su contra por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y trata agravada de personas.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, señaló que las autoridades consideran prioritaria la aprehensión del expresidente, quien gobernó el país entre 2006 y 2019. La Fiscalía mantiene abierta una investigación en la que también están involucrados dirigentes sindicales, derivada de una denuncia relacionada con las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio.
Durante ese periodo, sectores campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana realizaron movilizaciones en distintas regiones del país con apoyo de grupos cercanos a Morales, quienes exigían la salida del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos generaron afectaciones en el suministro de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, según reportes oficiales. Las autoridades estimaron pérdidas económicas superiores a los tres mil millones de dólares debido a la interrupción de actividades productivas y comerciales.
El conflicto disminuyó después de acuerdos entre el Gobierno y algunos sectores sociales, así como tras la declaración de un estado de excepción para permitir el retiro de los bloqueos carreteros.
Evo Morales ha rechazado las acusaciones en su contra y afirmó que demostrará su inocencia. El exmandatario sostiene que el proceso judicial responde a un intento del Gobierno de responsabilizarlo por las protestas y desviar la atención de la situación económica y social del país.
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una de sus principales zonas de respaldo político y sindical, donde cuenta con el apoyo de seguidores que buscan impedir su captura por la investigación relacionada con trata agravada de personas.
En este caso, el exgobernante es señalado por una presunta relación con una menor de edad durante su mandato, con quien habría tenido una hija en 2016. En mayo pasado, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía luego de que no acudiera al inicio del juicio y emitió una nueva orden de aprehensión.
A pesar de las medidas judiciales en su contra, medios locales reportaron que Morales continúa con actividades públicas en la región del Chapare, incluida la organización de un torneo de fútbol juvenil que contempla la participación de equipos nacionales e internacionales.
