El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, justificó la entrega masiva de capos a Estados Unidos, explicando que se llevó a cabo debido al riesgo de que algunos de los detenidos pudieran ser liberados o beneficiados por jueces federales, lo que atrasaría sus procesos de extradición. García Harfuch subrayó que la decisión fue tomada por el gabinete de seguridad de manera colegiada, y aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo involucrada en ella.
En respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, solicitó que García Harfuch presentara pruebas sobre sus declaraciones y actuara conforme a derecho. El CJF también recordó que las resoluciones de los jueces son impugnables a través de los canales establecidos por la ley, y destacó que lo adecuado en un Estado de derecho es recurrir a las instancias legales correspondientes.
García Harfuch, durante la conferencia de prensa del gabinete de seguridad, reveló que existían indicios de que algunos líderes del crimen organizado, como José Ángel Canobbio Inzunza, conocido como «El Güerito», miembro del Cártel de Sinaloa, podrían ser liberados. Esto, junto con las graves actividades delictivas que desempeñaban, motivó la decisión de proceder con el traslado de los principales líderes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Del Golfo, Beltrán Leyva, Los Zetas, Juárez y La Familia Michoacana hacia Estados Unidos, en lo que describió como un acto de «coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad» con el país vecino.
Aunque no mencionó nombres específicos, el secretario de Seguridad acusó que algunos de los extraditados, como Miguel Ángel Treviño Morales, alias «Z-40», líder de Los Zetas, tenían procesos de extradición que llevaban más de una década sin resolverse, lo que retrasaba la justicia para las víctimas en México. También mencionó el caso de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, quien llevaba casi 40 años sin que su proceso de extradición se resolviera.
García Harfuch recalcó que estas personas, involucradas en delitos graves como homicidios, extorsiones y corrupción, fueron entregadas a Estados Unidos para beneficiar a ambos países y garantizar la justicia para las víctimas de sus crímenes.
