El gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha reconocido un error en la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland con estatus legal protegido. A pesar de una orden judicial que impedía su deportación, García fue enviado a El Salvador en marzo de 2024, donde fue colocado en una notoria prisión de máxima seguridad para pandilleros, en las afueras de San Salvador. La administración de Trump ha argumentado que no puede traerlo de vuelta a Estados Unidos debido a los presuntos vínculos de García con pandillas y la falta de poder de Washington sobre el gobierno salvadoreño.
Desde ese mes, El Salvador ha aceptado a más de 200 inmigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, muchos de los cuales, según el gobierno de Trump, están relacionados con actividades de pandillas y crímenes violentos. Estos inmigrantes han sido enviados a la misma prisión de alta seguridad, que alberga a delincuentes asociados con pandillas y otros crímenes graves.
Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó un recorrido por esta prisión. Durante su visita, se mostró la magnitud de la problemática de las pandillas en El Salvador y la interacción entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
