La administración del presidente Donald Trump busca ampliar el uso de la pena de muerte federal para determinados delitos, incluyendo homicidios cometidos por personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el restablecimiento y fortalecimiento de la pena capital federal, el gobierno plantea impulsar legislación que elimine vacíos legales y permita aplicar la sanción máxima en crímenes considerados atroces.
Entre los casos mencionados se encuentran asesinatos de agentes del orden, homicidios cometidos por migrantes en situación irregular, delitos de odio, apoyo material al terrorismo, acoso y casos graves de violencia doméstica.
El documento define la pena capital como una herramienta esencial del sistema de justicia y critica la gestión del expresidente Joe Biden por haber conmutado las sentencias de decenas de reos condenados a muerte al final de su mandato.
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que la administración anterior no protegió adecuadamente a la población al no buscar castigos máximos contra criminales considerados altamente peligrosos.
Además, el Departamento de Justicia ordenó a la Oficina Federal de Prisiones ampliar los protocolos de ejecución para incluir inyecciones letales con pentobarbital y pelotones de fusilamiento, así como reducir el tiempo entre la condena y la ejecución.
La propuesta seguramente generará debate jurídico y político en Estados Unidos, especialmente por las implicaciones constitucionales, migratorias y de derechos humanos.
