En medio de desacuerdos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el límite de gastos de campaña para las candidaturas del Poder Judicial, estableciendo un monto uniforme de 220 mil 326 pesos para todos los aspirantes, sin importar si buscan un cargo como ministros de la Suprema Corte o jueces de distrito.
Durante la sesión, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, propuso aumentar el tope de gastos en función del nivel del cargo, permitiendo que las candidaturas de alcance nacional, como las de la Suprema Corte o la Sala Superior del Tribunal Electoral, pudieran gastar hasta 1.4 millones de pesos. Sin embargo, la propuesta no obtuvo la mayoría de votos requerida para su aprobación. Tampoco prosperó la alternativa de establecer un esquema escalonado en el que los topes variaran según el nivel subnacional de las candidaturas.
El acuerdo finalmente aprobado se fundamenta en la idea de que las campañas para el Poder Judicial se desarrollarán principalmente a través de redes sociales y foros. Además, las leyes secundarias establecen que el tope de gastos debe ser equivalente a las aportaciones permitidas en las elecciones pasadas para diputaciones federales.
Taddei insistió en que los 220 mil pesos fijados deberían considerarse como un piso y no como un techo de gastos, argumentando que los cargos de alcance nacional requieren mayores recursos para viáticos y promoción.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey, quien preside la Comisión de Fiscalización, advirtió que un límite tan restrictivo podría llevar a las candidaturas a operar en la opacidad e incluso a incurrir en prácticas ilícitas. “En efecto, entre las personas contendientes hay distinciones y posibilidades socioeconómicas diversas, pero no hay una lógica razón o fórmula en el proyecto más que señalar que ése es el tope que estableció el legislador”, sostuvo. Añadió que el monto aprobado puede poner en desventaja a quienes tienen menos recursos frente a aquellos que ya ocupan cargos públicos y cuentan con ingresos fijos elevados.
En contraste, el consejero Uuc-kib Espadas argumentó que elevar el tope de gastos hasta dos millones de pesos para las candidaturas nacionales no generaría beneficios y, en cambio, fomentaría la desigualdad, pues solo un reducido grupo de aspirantes con mayores recursos podría costear campañas de ese nivel.
El consejero Jaime Rivera respaldó esta postura, señalando que un límite de gastos más alto podría reforzar la inequidad en los casos en que los aspirantes ya ocupan cargos públicos y utilizan recursos gubernamentales o privados para incrementar su exposición mediática. “Lo están aprovechando para tener una mayor presencia ante grupos más o menos grandes de personas”, apuntó.
Finalmente, la consejera Dania Ravel consideró que el monto aprobado es adecuado, dado que las campañas se realizarán principalmente en redes sociales, donde el ámbito territorial pierde relevancia como factor de gasto. “No niego que es un tope limitado; no obstante, más allá de que es un tope expresamente establecido en la legislación, la manera de hacer campañas que concibieron las personas legisladoras para esta elección me parece que lo justifica”, concluyó.
