El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un informe preliminar sobre las denuncias interpuestas contra trece personas aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial, quienes fueron señaladas por presuntamente incumplir con los requisitos de la llamada “8 de 8 contra la violencia”. Hasta ahora, no se han encontrado elementos suficientes para confirmar alguna infracción que pueda afectar sus postulaciones.
Pese a ello, las consejerías electorales han solicitado una investigación más profunda, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 15 de junio.
Las denuncias incluyen tres casos por presunto incumplimiento de obligaciones alimentarias, tres por violencia familiar, uno por violencia familiar equiparada, uno por violación a una menor y condición de prófugo de la justicia, uno por delitos contra la libertad y seguridad sexuales, uno por violencia política contra mujeres, uno por hostigamiento laboral, otro por pérdida de derechos político-electorales y uno más por estar prófugo.
Estas candidaturas corresponden a una posición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistraturas de circuito, cinco juzgados de distrito, una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un cargo del Poder Judicial estatal. En total, el INE ha recibido 38 formularios con denuncias contra 26 personas, enviados por ciudadanía y organizaciones civiles.
La consejera Carla Humphrey manifestó su preocupación por el hecho de que no se hayan encontrado elementos, a pesar de la gravedad de algunas conductas reportadas. Subrayó que hay casos que requieren una revisión más detallada, como el de una candidatura con una sentencia por violación a menor de edad, emitida en noviembre de 2022, lo cual podría indicar la existencia de una orden de aprehensión. Sin embargo, aún no se ha recibido respuesta oficial por parte de las autoridades correspondientes.
La consejera Dania Ravel, por su parte, destacó el valor de la información aportada por la ciudadanía, pero también reconoció que los requerimientos enviados a las autoridades no siempre son respondidos. Recordó que la revisión no se limita a la “8 de 8”, sino también a verificar si los aspirantes están prófugos de la justicia o tienen alguna sentencia que suspenda sus derechos político-electorales.
Ravel advirtió que no se deben generar falsas expectativas, ya que solo las sentencias firmes pueden impedir que una persona sea candidata. Mencionó el caso de una postulación a la sala regional del TEPJF denunciada por presunta deuda alimentaria; aunque existe un convenio de pago, hay indicios de que no se ha cumplido, pues la contraparte ha solicitado al juez que se ordene la retención del salario para cubrir la pensión correspondiente.
La investigación continúa y se espera que, con la información que proporcionen las autoridades, el INE pueda emitir una resolución definitiva en los próximos días.
