La elección judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio representa un acontecimiento sin precedentes tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para la ciudadanía. Este ejercicio, que involucra una estructura y logística completamente nuevas, ha sido un desafío debido a su complejidad, el tiempo limitado para su organización y los recortes presupuestales.
El INE tuvo apenas medio año para preparar esta elección, luego de que varias suspensiones judiciales retrasaran el proceso. Con un presupuesto de 6 mil millones de pesos, apenas la mitad de lo originalmente solicitado a la Cámara de Diputados, el instituto tuvo que adaptar su operación a un modelo de votación inédito, que implica desde el rediseño de boletas hasta nuevas formas de contabilizar los votos.
Una de las mayores dificultades ha sido la cantidad de boletas que cada votante podría recibir. En total, se usarán seis para cargos federales: para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral en su Sala Superior, el Tribunal de Disciplina Judicial, las Salas Regionales, así como magistraturas de circuito y jueces de distrito. A esto se suma la renovación de órganos judiciales en 19 estados, por lo que en algunas zonas una persona podría recibir hasta 10 boletas.
En ciertos cargos, como el de la Suprema Corte, el número de candidaturas es abrumador: hasta 81 nombres podrían aparecer en una sola papeleta. Para este cargo, los ciudadanos deberán seleccionar múltiples opciones, entre ellas cinco candidatas mujeres y cuatro candidatos hombres, los cuales serán identificados mediante números.
Los recortes presupuestales también se reflejaron en la cantidad de casillas que podrán instalarse. A diferencia de la elección federal de 2024, donde se habilitaron más de 170 mil casillas, en esta ocasión sólo se abrirán cerca de 84 mil. Además, el número de capacitadores y supervisores se redujo, lo que limita el entrenamiento del personal que se encargará de operar las casillas.
Pese a que el INE solicitó una ampliación presupuestal por mil 500 millones de pesos después de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, solo recibió 800 millones, con el argumento de que era el monto disponible.
Otro elemento que distingue esta elección es que no habrá voto para mexicanos en el extranjero, ya que la legislación definió este proceso como un ejercicio no vinculante. Asimismo, no se imprimieron boletas en braille, por lo que no se contemplaron condiciones específicas para personas con discapacidad visual.
En cuanto al conteo de los sufragios, tampoco se aplicará el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni se realizará un conteo rápido. Esto se debe a la carga de trabajo que implicaría hacer el cómputo en cada casilla, por lo que los paquetes electorales serán enviados a las juntas distritales, donde el conteo se extenderá por al menos 10 días. Se espera que los resultados oficiales se den a conocer el 15 de junio, cuando el Consejo General del INE emita los cómputos finales.
