Las autoridades mexicanas ampliaron las indagatorias por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante las festividades del Día de Muertos, hacia los escoltas que integraban su primer círculo de protección.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los policías municipales encargados de la seguridad del edil deberán rendir nuevamente declaración, incluido aquel que reconoció haber disparado contra el agresor, un joven de 17 años que fue abatido tras ser detenido. Además, se están realizando peritajes para determinar cuál arma fue utilizada tanto en el homicidio del alcalde como en la muerte del atacante.
Aunque no se precisó si también se investiga a los 14 elementos de la Guardia Nacional que complementaban la escolta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que se analiza si existió uso excesivo de la fuerza, ya que el agresor fue capturado antes de ser abatido durante un forcejeo.
Ramírez Bedolla agregó que los ocho escoltas municipales habían sido elegidos personalmente por el alcalde y que se revisan las causas que permitieron una vulnerabilidad en su esquema de seguridad.
Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, sostuvo que el protocolo de la Guardia Nacional no falló y sugirió que, de haber aceptado el alcalde una protección exclusiva por parte de esa corporación, su nivel de seguridad habría sido mayor.
Carlos Manzo, de 40 años, era un político independiente conocido por denunciar la corrupción, las extorsiones y la violencia que afectan a Michoacán. Las autoridades locales vinculan su asesinato con la operación del crimen organizado, aunque no descartan otras líneas de investigación.
La Fiscalía General de la República analiza si atraerá el caso, mientras el gobierno federal evalúa reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, uno de los estados más violentos del país.
La indignación por el crimen de Manzo, sumada al reciente asesinato de un líder limonero que también había denunciado extorsiones, provocó manifestaciones ciudadanas. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan especial para Michoacán, que incluye el envío de más elementos militares y una inversión superior a 3 mil millones de dólares.
Michoacán continúa siendo un foco crítico de violencia, donde distintos grupos criminales se disputan el control de rutas para el tráfico de drogas y precursores químicos a través del puerto de Lázaro Cárdenas, además de ejercer extorsiones sobre productores de aguacate y limón, así como sobre comerciantes locales.
El nuevo plan federal busca reforzar la inteligencia, combatir las extorsiones y abrir más oportunidades para evitar que los jóvenes sean reclutados por los cárteles.
