Fiscalía de Chihuahua abre investigación contra funcionarias por uso de armas de uso exclusivo en festejos de Año Nuevo
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua inició una carpeta de investigación contra dos funcionarias del municipio de Guadalupe y Calvo, en la región del Triángulo Dorado, luego de la difusión de videos en los que aparecen realizando disparos con armas de alto poder durante celebraciones de Año Nuevo.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, las imágenes comenzaron a circular tras ser compartidas en estados de WhatsApp durante la madrugada del 1 de enero. En los videos se observa a la subdirectora de Obras Públicas del municipio y a la secretaria particular de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego accionando armas que presuntamente son de uso exclusivo de corporaciones federales.
En uno de los materiales audiovisuales, una de las funcionarias dispara un fusil FX-05 Xiuhcóatl, arma utilizada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mientras que en otro se aprecia a la segunda funcionaria realizando disparos al aire con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, también correspondiente al equipamiento oficial de cuerpos de seguridad.
El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, confirmó que se investiga un posible uso indebido de armas de fuego, ya que la portación y utilización de este tipo de armamento sin autorización constituye un delito de carácter federal. De manera preliminar, se presume que las armas podrían pertenecer a los escoltas de la alcaldesa, aunque este punto aún está bajo revisión.
El caso adquiere mayor relevancia por el contexto de Guadalupe y Calvo, un municipio ubicado en una de las zonas con mayor presencia de grupos delictivos en el país. En septiembre de 2025, el propio ayuntamiento canceló las celebraciones patrias debido a hechos de violencia registrados en los accesos a la localidad, lo que refuerza la sensibilidad del tema en materia de seguridad pública.
Agentes ministeriales ya se encuentran recabando testimonios y analizando la procedencia de las armas, así como las condiciones en las que fueron utilizadas. La investigación determinará si existió alguna autorización para su uso, quién tenía la responsabilidad legal de su resguardo y si se configuraron delitos como posesión ilegal de armas de uso exclusivo o abuso de funciones.
Más allá del impacto en redes sociales, el caso ha abierto un debate sobre la supervisión del armamento oficial, la conducta de los servidores públicos y la necesidad de una estricta rendición de cuentas, especialmente en regiones donde la violencia criminal exige un apego absoluto a la legalidad.
