La Fiscalía General de la República (FGR) investiga el cambio de apoderado legal realizado por Ingemar, S.A. de C.V., empresa vinculada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que la modificación pudo formar parte de una estrategia para evadir responsabilidades legales.
De acuerdo con la investigación, en marzo de 2026, ocho meses después del aseguramiento de decenas de carrotanques con combustible presuntamente ilegal en Coahuila, la empresa solicitó ante la Secretaría de Economía el nombramiento de Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva y apoderada legal.
La designación fue formalizada el 6 de marzo de 2026 mediante escritura ante notario público e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo la modalidad de inscripción vía web inmediata.
Según las indagatorias, Hernández Hinojosa, de 37 años, se incorporó a la empresa dos años antes con un cargo administrativo de nivel medio y asumió facultades para representar legalmente a la sociedad, celebrar contratos, administrar cuentas bancarias y suscribir títulos de crédito, entre otras atribuciones.
La FGR investiga si este cambio buscaba colocar a un presunto «chivo expiatorio» al frente de la compañía para deslindar de responsabilidades a los socios de Ingemar.
En la carpeta de investigación figuran Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro —quien se encuentra detenido— y José Merino Valdés Cuervo, identificado como fundador de la empresa y actualmente prófugo de la justicia.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados en la presunta red de contrabando de combustible.
