Auditorías e investigaciones financieras sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) examinan la asignación de contratos a un grupo de siete empresas que habría acumulado adjudicaciones por más de mil millones de pesos en organismos electorales de al menos 13 estados, además de obtener acuerdos con el propio instituto durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Las indagatorias identifican como figuras centrales del conglomerado empresarial a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Según los antecedentes descritos en las investigaciones, la relación comercial del grupo con instituciones electorales se remonta a 2014, cuando Taddei encabezaba el organismo electoral de Sonora, cargo que ocupó hasta 2021.
Uno de los casos revisados corresponde a un contrato otorgado en 2024 por el INE a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., mediante adjudicación directa por 63 millones 241 mil pesos, para producir y distribuir materiales destinados a los simulacros del proceso electoral federal de ese año. La Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades en esta operación, lo que derivó en una revisión más amplia de los movimientos financieros relacionados.
A partir de esos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación en la que se examina una posible triangulación de recursos entre compañías vinculadas. Las pesquisas apuntan a que las siete firmas habrían participado en procedimientos de contratación presentándose como competidoras, una práctica que podría haber favorecido la obtención de contratos. Estas conductas forman parte de las líneas de investigación y no constituyen, por sí mismas, una determinación definitiva de responsabilidad.
Los antecedentes también incluyen adjudicaciones realizadas en Sonora. Entre ellas figura el contrato IEEPC/LP/0-03/2017, por 46 millones 879 mil 383.92 pesos, relacionado con el grupo empresarial. Posteriormente, las compañías ampliaron su participación en procesos de contratación de organismos electorales de otras entidades.
Otra de las líneas revisadas se refiere a Jesús Octavio García González, quien representó jurídicamente a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg y después ocupó la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área involucrada en la gestión de las adquisiciones institucionales.
Las investigaciones administrativas y financieras buscan esclarecer si existieron posibles conflictos de interés, tráfico de influencias o irregularidades en la contratación pública. La determinación de responsabilidades dependerá de los resultados de los procedimientos correspondientes.
