El Parlamento de Israel dio luz verde a una reforma que contempla la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinato relacionado con terrorismo, en medio de fuertes críticas de sectores políticos y organismos internacionales.
La iniciativa fue avalada por la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra. El texto establece que tribunales militares deberán aplicar esta sanción a palestinos en territorios ocupados, mientras que en tribunales civiles, donde se juzga a ciudadanos israelíes, se contemplan alternativas como la cadena perpetua bajo ciertas condiciones.
El primer ministro Benjamín Netanyahu respaldó la medida durante la votación, junto con la mayoría de su coalición, incluyendo al bloque político Likud. La propuesta fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y recibió apoyo incluso de algunos sectores de oposición.
Sin embargo, diversas fuerzas políticas votaron en contra y calificaron la reforma como desigual y contraria a principios fundamentales. Legisladores opositores señalaron que podría aplicarse de forma discriminatoria, dependiendo del origen de los acusados.
La normativa establece que la ejecución deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días tras la sentencia, bajo supervisión del sistema penitenciario y con protocolos específicos.
El debate legislativo se extendió por más de 10 horas y estuvo marcado por posturas encontradas, tanto dentro como fuera del recinto parlamentario. La medida también ha sido cuestionada por gobiernos europeos y organismos internacionales, que advierten posibles violaciones al derecho internacional.
Hasta ahora, Israel solo había aplicado la pena capital en una ocasión, en 1962, cuando fue ejecutado el criminal nazi Adolf Eichmann.
La aprobación de esta reforma ocurre en un contexto de alta tensión regional, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre sus posibles repercusiones políticas y sociales.
