El proceso penal que enfrenta Julio César Chávez Jr. tuvo un nuevo avance luego de que un juez federal autorizara ampliar el periodo de investigación para que tanto la Fiscalía General de la República como la defensa del boxeador puedan completar peritajes, revisar audios y analizar documentación proveniente del extranjero. La determinación se tomó el 10 de diciembre en una audiencia breve realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo.
El juez Édgar Alejandro Domínguez Villapudua aprobó extender tres meses el plazo de investigación complementaria dentro del expediente 15/2023, en el que aparecen 14 personas señaladas, entre ellas el hijo del histórico campeón Julio César Chávez. Con esta decisión, la audiencia intermedia quedó programada para el 24 de febrero de 2026.
Durante la sesión, el Ministerio Público expuso que aún existen diligencias pendientes —incluidas solicitudes a autoridades estadounidenses— y pidió ampliar de tres a seis meses el plazo inicial. La defensa coincidió en que se requiere tiempo adicional para revisar dictámenes técnicos y confirmar la autenticidad de intervenciones telefónicas que forman parte del caso. El juez finalmente otorgó solo tres meses extra, manteniendo al deportista bajo las mismas medidas cautelares: no puede salir del país ni acercarse a los agentes ministeriales involucrados en la investigación.
El proceso continúa después de una serie de episodios ocurridos en Estados Unidos. El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias tras su combate ante Jake Paul en California. El Departamento de Seguridad Nacional lo clasificó como inmigrante ilegal y un posible riesgo, debido a anomalías en su trámite de residencia. Permaneció 46 días bajo custodia y posteriormente fue deportado por la garita Dennis DeConcini en Nogales el 18 de agosto de 2025. De inmediato fue trasladado al Cefereso 11 de Hermosillo y se presentó al día siguiente ante un juez para su primera audiencia.
El 23 de agosto, el juez Enrique Hernández Miranda dictó auto de vinculación a proceso por presuntos nexos con la facción conocida como “La Chapiza”, ligada a Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”. La FGR presentó 21 elementos para sostener la acusación: intervenciones telefónicas desde 2019, conversaciones de 2022 donde se le menciona como “camarada”, informes de la DEA y el HSI relacionados con posible tráfico de armas, publicaciones en redes sociales y notas periodísticas analizadas en 2025, así como una bata de boxeo firmada encontrada en un cateo atribuido a “El Nini”.
La defensa, encabezada por Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, rechazó que estos elementos prueben una relación del boxeador con actividades criminales y cuestionó su validez jurídica, al considerar que la mayoría carece de contexto o sustento directo. Chávez Jr. también negó los señalamientos ante el juez y afirmó que no existe evidencia real en su contra.
Con la ampliación obtenida, ambas partes dispondrán de más tiempo para robustecer sus argumentos antes del cierre de la investigación complementaria. Mientras tanto, Chávez Jr. permanecerá en libertad condicionada y, según su equipo, mantiene su plan de volver al ring el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí para enfrentar a Ángel Julián.
El caso avanza en paralelo a la investigación federal sobre la red criminal encabezada por “El Nini”, considerada uno de los brazos operativos vinculados a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si los indicios reunidos por la Fiscalía pueden sostener una acusación formal en la siguiente etapa del proceso judicial.
