Omar Taboada Nasser, exencargado de despacho en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, no será vinculado a proceso penal tras la resolución del juez especializado de Control, Natanael Subdias Aguilar. El juzgador determinó que no se acreditaron los elementos necesarios para procesarlo por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público.
Durante una extensa audiencia que se prolongó hasta casi la medianoche del jueves, la Fiscalía Anticorrupción, a través del agente del Ministerio Público Ignacio Zeus Gutiérrez Córdoba, acusó a Taboada Nasser de omitir su responsabilidad en la supervisión del contrato de licitación E18/2024. Dicho contrato, firmado el 12 de septiembre de 2024, tenía un valor de casi 9.9 millones de pesos y contemplaba la entrega de insumos agrícolas a través de una empresa privada.
La Fiscalía argumentó que el exfuncionario firmó una carta de satisfacción indicando que los productos se entregaron por completo el 4 de septiembre, cuando en realidad la distribución se realizó en tres partes los días 4, 5 y 6 del mismo mes. No obstante, el juez consideró que esta diferencia no demostraba una omisión deliberada ni daño al erario, ya que no se realizaron pagos al proveedor ni se reportó erogación de recursos públicos.
Subdias Aguilar puntualizó que para configurar el delito de ejercicio abusivo de funciones debe existir una omisión clara en la administración del contrato, lo cual no se acreditó en este caso. También desestimó la acusación de ejercicio ilícito del servicio público, al considerar que los dictámenes periciales presentados carecían de confiabilidad.
Pese a ello, el juez reconoció que aún hay aspectos que requieren mayor investigación. Por ello, autorizó al Ministerio Público a continuar las indagatorias y, en caso de obtener nuevos elementos, presentar una acusación reformulada.
La defensa de Taboada Nasser aseguró que su cliente actuó conforme a los procedimientos y que incluso interpuso una denuncia ante la Fiscalía el 10 de octubre de 2024, tras detectar presuntas anomalías en la entrega de los insumos.
El juez concluyó que, de haber responsabilidades, estas corresponderían a otras instancias como la vía administrativa o política, pero no a una sanción penal por el momento. La audiencia culminó a las 23:09 horas, y ambas partes quedaron en libertad de apelar la resolución ante el Tribunal de Alzada.
