Un juez federal en California dictó una orden que impide al gobierno del expresidente Donald Trump retener o condicionar el uso de fondos federales a las llamadas jurisdicciones “santuario”, aquellas que limitan su cooperación con las autoridades migratorias. La decisión fue emitida por el juez William Orrick, quien calificó de inconstitucionales partes de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump.
La medida surge a raíz de una demanda presentada por San Francisco, el condado de Santa Clara y otros trece gobiernos locales, incluidos Seattle, Portland, Minneapolis, St. Paul, Santa Fe y New Haven. Estas ciudades argumentan que la amenaza de perder fondos federales por mantener políticas de protección a migrantes ilegales excede los límites del poder presidencial.
Orrick señaló que los funcionarios del gobierno tienen prohibido “tomar cualquier acción directa o indirecta” para retener recursos económicos y ordenó que se notifique por escrito a todas las agencias federales antes del próximo lunes. Esta decisión judicial bloquea los efectos de una orden ejecutiva de Trump que instruía a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a restringir el financiamiento federal a jurisdicciones que no colaboraran con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Durante una audiencia reciente, abogados del Departamento de Justicia argumentaron que aún no se había ejecutado ninguna retención específica de fondos, pero el juez consideró que la amenaza latente era suficiente para justificar la medida preventiva. Orrick ya había fallado en 2017 contra una orden similar de Trump, y esa decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Tony LoPresti, abogado del condado de Santa Clara, celebró la resolución judicial como una defensa del papel de los gobiernos locales en la construcción de confianza con sus comunidades y la protección de sus funciones autónomas. No obstante, persiste la incertidumbre sobre si las agencias federales acatarán la orden, especialmente después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, recordara recientemente a los beneficiarios de fondos que deben cumplir con las leyes migratorias federales o enfrentar consecuencias.
Las “ciudades santuario” no tienen una definición única, pero suelen adoptar medidas que restringen la colaboración directa con el ICE, bajo el argumento de que estas políticas mejoran la seguridad al fomentar la cooperación de las comunidades inmigrantes con las autoridades locales sin temor a represalias migratorias.
