Una jueza federal de Estados Unidos anuló la suspensión de visas de inmigrante impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países, al considerar que el gobierno excedió las facultades que le concede la legislación migratoria.
La resolución fue emitida por la jueza de distrito Jeannette A. Vargas, de Nueva York, quien determinó que la política implementada por el Departamento de Estado era ilegal y rebasaba la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio.
La medida había comenzado a aplicarse el 21 de enero y mantenía detenida de manera indefinida la expedición de visas para personas de países de América Latina, el Caribe, África, Asia, Medio Oriente y Europa que buscaban establecerse permanentemente en Estados Unidos.
Entre las naciones afectadas se encontraban Brasil, Colombia y Uruguay, así como Afganistán, Egipto, Haití, Irán, Irak, Nigeria, Pakistán, Rusia y Somalia.
La administración Trump justificó la suspensión bajo el argumento de que los solicitantes provenientes de esos países podían representar un riesgo elevado de convertirse en una carga para el sistema público estadounidense. El Departamento de Estado había señalado que necesitaba revisar sus procedimientos para garantizar que los futuros inmigrantes pudieran demostrar solvencia económica y capacidad de mantenerse por cuenta propia.
