La ciudad de La Paz enfrenta una situación crítica en materia de salud luego de que las autoridades departamentales decretaran una emergencia sanitaria y humanitaria con vigencia de 90 días, como consecuencia de los bloqueos carreteros que mantienen aislada a la región y dificultan el abastecimiento de insumos esenciales.
Las protestas, que ya se extienden por cerca de un mes, han afectado severamente el suministro de oxígeno medicinal y otros recursos indispensables para la operación de hospitales y centros de salud. Ante este panorama, las autoridades determinaron implementar medidas extraordinarias para garantizar la atención de los casos más urgentes.
La Gobernación de La Paz informó que la declaratoria permitirá coordinar acciones para asegurar el traslado de oxígeno y gestionar la apertura de corredores humanitarios que faciliten el ingreso de suministros médicos a la capital boliviana.
Como parte de las medidas adoptadas, los hospitales comenzaron a restringir sus actividades quirúrgicas y dar prioridad únicamente a procedimientos de emergencia. El director del Servicio Departamental de Salud, Martín Carrasco, indicó que entre 50 y 60 intervenciones programadas tendrán que ser reprogramadas debido a la contingencia.
La directora del Hospital de la Mujer, Jhanet Aliaga, explicó que recientemente se logró abastecer a varios centros hospitalarios con oxígeno; sin embargo, advirtió que las reservas disponibles alcanzarían únicamente para dos o tres días si la situación no mejora.
Las consecuencias de los bloqueos también han afectado a los pacientes. Carlos Céspedes, un hombre de 42 años que recientemente fue sometido a una cirugía en el Hospital General Público de La Paz, relató que tuvo que esperar varios días para ser atendido y señaló que muchas personas no lograron llegar a sus citas médicas debido a las interrupciones en las vías de comunicación.
Las ciudades de La Paz y El Alto son actualmente las más impactadas por las protestas, que mantienen cerradas diversas rutas estratégicas y han complicado tanto el acceso a servicios básicos como la movilidad de la población.
Las manifestaciones buscan presionar por cambios políticos en el país y han generado crecientes preocupaciones entre autoridades y sectores sociales por las repercusiones que están teniendo en la atención médica y el bienestar de miles de ciudadanos.
