La iniciativa conocida como Ley Trasciende busca modificar la legislación mexicana para despenalizar la eutanasia y establecer condiciones que permitan a personas con enfermedades terminales o padecimientos incurables decidir sobre el final de su vida. La propuesta permanece en análisis legislativo en la Ciudad de México, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene ante sí un amparo que cuestiona la prohibición de esta práctica.
Una de las principales impulsoras del proyecto es Samara Alejandra Martínez Montaño, periodista y activista que vive con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Su experiencia con los tratamientos, las limitaciones cotidianas y los gastos asociados a su enfermedad la llevó a promover un marco legal que, sostiene, permita a los pacientes ejercer su autonomía y acceder a una muerte digna.
La propuesta fue presentada en el Senado y la Cámara de Diputados a finales de 2025 y posteriormente turnada al Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, todavía no ha sido dictaminada. Entre los pendientes señalados por sus promotoras se encuentra la opinión técnica de la Secretaría de Salud, necesaria para avanzar en el proceso legislativo.
La abogada Paola Zavala, redactora de la iniciativa, considera que el proyecto no ha avanzado por falta de prioridad en la agenda política. Aunque cuenta con el respaldo de legisladores de distintas bancadas, explica que se han realizado encuentros y conversatorios sin que hasta ahora se concrete su dictaminación. Diputados locales de Morena anunciaron mesas de diálogo con especialistas para continuar el análisis.
La iniciativa plantea modificar la Ley General de Salud y eliminar el delito de homicidio por piedad en los supuestos relacionados con la eutanasia. Entre sus disposiciones propone que puedan solicitarla personas mayores de edad con diagnóstico de enfermedad terminal o con una condición crónico-degenerativa, discapacitante o incurable.
Para acceder al procedimiento, se requeriría la confirmación del diagnóstico por dos médicos y una certificación notarial que verifique la voluntad de la persona, su mayoría de edad y que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Cinco días después de esa certificación tendría que ratificar su decisión. La propuesta también establece que el consentimiento podría retirarse en cualquier momento y contempla la objeción de conciencia del personal médico, con la responsabilidad del Estado de garantizar la disponibilidad de profesionales no objetores en los servicios públicos.
El debate también tiene una dimensión judicial. Silvia García, tanatóloga y paciente de cáncer de mama, promueve un amparo ante la SCJN para cuestionar las disposiciones que prohíben y sancionan la eutanasia. El caso fue atraído por el máximo tribunal para analizar la constitucionalidad de la legislación vigente. García sostiene que busca contar con la posibilidad de decidir sobre el final de su vida si los tratamientos dejan de ofrecer resultados y enfrenta un sufrimiento que considera incompatible con una muerte digna.
Las promotoras de la Ley Trasciende advierten que la falta de regulación también tiene consecuencias económicas y sociales. Señalan que quienes cuentan con recursos pueden buscar alternativas en países donde la eutanasia está permitida, mientras que las familias con menos posibilidades económicas enfrentan mayores dificultades para acceder a opciones de acompañamiento al final de la vida. También alertan sobre los riesgos de prácticas clandestinas, posibles fraudes y el temor de familiares a enfrentar consecuencias penales.
Martínez Montaño considera que el tiempo es un factor determinante para quienes viven con enfermedades avanzadas y pidió que la discusión legislativa avance. La activista señaló marzo de 2027 como una fecha límite para lograr avances, ante el riesgo de que el proceso se retrase por el próximo ciclo electoral.
La propuesta mantiene abierto un debate sobre autonomía personal, atención médica, derechos de los pacientes y responsabilidades del Estado. Sus impulsoras sostienen que el objetivo es establecer garantías y procedimientos regulados para quienes soliciten la muerte asistida, mientras el Congreso y la Suprema Corte tienen pendientes distintos aspectos de la discusión.
