España está trabajando en diversas medidas para enfrentar la crisis de vivienda, que ha afectado especialmente a ciudades como Madrid y Barcelona, donde los alquileres han aumentado considerablemente debido a los altos precios y el turismo masivo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan esta semana que incluye un impuesto de hasta el 100% sobre las propiedades compradas por residentes no pertenecientes a la Unión Europea, como parte de un esfuerzo por abordar la asequibilidad de la vivienda en el país.
Este nuevo impuesto, que afectaría a los compradores extranjeros, surge como respuesta a la compra de propiedades en España por parte de extranjeros que no tienen la intención de residir en ellas, sino de obtener beneficios económicos. En 2023, los residentes no pertenecientes a la UE adquirieron 27,000 propiedades en España. Sin embargo, aún no se han especificado detalles sobre cómo se implementará este impuesto ni el cronograma exacto para su aplicación.
El plan del gobierno también contempla la construcción de más viviendas públicas, la asignación de terrenos a una nueva agencia de vivienda pública y una serie de medidas para frenar el alza en los alquileres, como impuestos más altos sobre los alquileres vacacionales y protecciones para los propietarios que ofrezcan viviendas asequibles. Además, se propone acelerar los procesos de construcción y ampliar la disponibilidad de terrenos para la construcción privada.
Este plan tiene un trasfondo político importante, ya que Sánchez, como líder socialista, busca resolver una de las cuestiones más críticas en la agenda social de España: la crisis de la vivienda. Además, la Constitución Española garantiza el derecho a una vivienda digna, lo que coloca al gobierno bajo la responsabilidad de garantizar que este derecho se cumpla. Aunque las medidas propuestas son amplias, aún falta por ver si serán aprobadas en el Parlamento y cómo se implementarán en la práctica.
