Meta regresó este martes a los tribunales en California para enfrentar una demanda presentada por fiscales de 29 estados de Estados Unidos, quienes acusan a la empresa de haber diseñado funciones de Instagram y Facebook capaces de generar conductas adictivas entre niños y adolescentes.
El proceso se desarrolla en un tribunal federal de Oakland, donde la jueza Yvonne Gonzalez Rogers y un jurado de ocho integrantes analizarán los argumentos de las partes. Los fiscales sostienen que Meta recopiló información de menores de 13 años sin cumplir con las disposiciones de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, conocida como COPPA.
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey también mantienen acusaciones contra la compañía por presuntas violaciones a las leyes de protección al consumidor.
El caso forma parte de un litigio más amplio que reúne a más de 3 mil demandantes contra Meta y otras grandes compañías tecnológicas, entre ellas Google, TikTok y Snap. Las demandas cuestionan el diseño de las plataformas y señalan que determinadas funciones estarían orientadas a incrementar el tiempo que los usuarios permanecen conectados.
Los demandantes sostienen que estas prácticas pueden favorecer comportamientos problemáticos entre menores y provocar afectaciones emocionales y físicas. El juicio de Oakland representa además un caso relevante porque es el primero relacionado con el cumplimiento de COPPA contra una de estas compañías que llega a la etapa de deliberación de un jurado.
Meta enfrenta el proceso después de varios fallos adversos relacionados con el impacto de sus plataformas en menores. En Nuevo México, un tribunal ordenó a la empresa destinar 567 millones de dólares a un fondo para la reparación de daños relacionados con la salud mental de jóvenes.
Además, en marzo de 2026, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Meta y Google pagar conjuntamente 6 millones de dólares a una joven que denunció que ambas compañías fueron negligentes ante su consumo problemático de redes sociales durante la adolescencia.
La resolución del nuevo juicio podría tener un impacto económico significativo para Meta, ya que las estimaciones sitúan una eventual indemnización en hasta mil 400 millones de dólares.
