El Gobierno federal y los partidos que integran la coalición oficialista alcanzaron un acuerdo para respaldar el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión se tomó tras más de 12 horas de negociaciones realizadas en la Secretaría de Gobernación.
El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que el bloque integrado también por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo decidió respaldar la iniciativa de forma conjunta en los distintos niveles de gobierno, incluidos congresos estatales, ayuntamientos y el Congreso de la Unión.
Las conversaciones se desarrollaron a lo largo del viernes y continuaron hasta la madrugada del sábado en el Palacio de Cobián. Las últimas reuniones fueron encabezadas por la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián.
Durante la jornada se realizaron encuentros por separado entre representantes del Gobierno federal y legisladores de Morena. Posteriormente se sumaron dirigentes y legisladores del Partido Verde y del Partido del Trabajo para discutir los detalles de la propuesta.
Antes de concretarse el acuerdo, el diputado de Morena Ricardo Monreal llamó a los legisladores de los partidos aliados a respaldar la iniciativa presidencial. El legislador aseguró que el proyecto plantea cambios prudentes y no altera la estructura fundamental del sistema electoral mexicano.
Desde el Partido Verde, su dirigente Arturo Escobar expresó respaldo a medidas como la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y ajustes al gasto de los congresos locales. En tanto, representantes del Partido del Trabajo, entre ellos Reginaldo Sandoval y Benjamín Robles, señalaron que continúan revisando el contenido del proyecto y pidieron evitar cambios en temas que previamente fueron rechazados por el Congreso, como algunos relacionados con el financiamiento a partidos políticos.
Entre los puntos que contempla la propuesta del Ejecutivo se encuentran adelantar la consulta de revocación de mandato para 2027, permitir que las consultas populares aborden temas electorales, reducir el número de síndicos y regidores en los municipios, y realizar ajustes al presupuesto de los congresos estatales y del Senado.
De acuerdo con el Gobierno federal, estas modificaciones permitirían generar ahorros cercanos a los cuatro mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse a programas sociales y necesidades de estados y municipios.
