Tras la inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el evento como una «hazaña histórica». Sin embargo, varias organizaciones no gubernamentales enfocadas en la protección del medio ambiente han vuelto a hacer un llamado al gobierno federal para entablar un diálogo sobre cómo proteger la Selva Maya de los riesgos que este megaproyecto representa.
Greenpeace, en un comunicado, cuestionó al gobierno sobre cuándo se sentarán a discutir las medidas necesarias para «blindar» la Selva Maya del impacto negativo que puede acarrear el Tren Maya. La organización destacó que la construcción de este proyecto ha provocado la deforestación de millones de árboles, la explotación desmedida de los recursos naturales, el desplazamiento de comunidades indígenas y de fauna, así como la presunta malversación de fondos públicos.
«¿Cómo puede un proyecto que dice ‘proteger el medio ambiente’ justificarse cuando ha deforestado más de 10 millones de árboles en cerca de 7 mil hectáreas?», se pregunta Greenpeace. La organización también criticó la falta de sustentabilidad del proyecto, especialmente al asociar el Tren Maya con un turismo masivo que exacerba la sobreexplotación de la naturaleza y desplaza a las comunidades locales debido a la expansión inmobiliaria y los grandes desarrollos turísticos.
Greenpeace también se refirió a la falta de atención a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto: «¿A qué hora piensan escuchar a las comunidades indígenas? ¿El desarrollo y el progreso del que tanto hablan, para quién son exactamente?». La organización cuestionó además las condiciones laborales de los más de 600 mil trabajadores del proyecto, señalando que, más allá de los empleos precarios, las comunidades no están viendo beneficios reales y están perdiendo sus paisajes y modos de vida.
Por último, Greenpeace denunció que más de la mitad de los recursos públicos destinados a mitigar los efectos del cambio climático han sido desviados hacia la construcción del Tren Maya, lo que pone en peligro tanto a la Selva Maya como a los objetivos climáticos del país. La organización advirtió que las políticas de cambio de uso de suelo, la falta de diálogo con las comunidades indígenas, el favorecimiento a empresas privadas, el recorte de presupuestos a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la falta de transparencia en el proyecto representan una amenaza seria para el ecosistema de la región.
