El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó de inaceptables las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió a los países miembros del Estatuto de Roma que actúen para proteger el funcionamiento del tribunal.
Türk advirtió que las medidas representan una nueva represalia contra la institución y su personal por las investigaciones y acciones judiciales relacionadas con las violaciones más graves de los derechos humanos. También alertó sobre el riesgo de que las sanciones desincentiven el trabajo de quienes investigan y buscan llevar estos casos ante la justicia.
El funcionario instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma a adoptar medidas urgentes para respaldar a la Corte, al considerar que tienen una responsabilidad especial en la defensa de la institución que contribuyeron a crear.
Asimismo, pidió a Washington retirar las sanciones y fortalecer los mecanismos internacionales de justicia, al señalar que la respuesta ante las violaciones graves debe centrarse en garantizar la rendición de cuentas y no en castigar a quienes las investigan.
La decisión estadounidense también generó rechazo entre ocho países: Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido. En una declaración conjunta, los gobiernos expresaron su desacuerdo con las medidas y reiteraron su respaldo a la Corte Penal Internacional.
El nuevo episodio se suma a las acciones emprendidas por Estados Unidos contra funcionarios del tribunal durante 2025. Türk recordó además que Rusia ha adoptado medidas judiciales contra integrantes de la CPI, en un contexto de tensiones internacionales en torno a la jurisdicción y las actuaciones de este organismo.
Las sanciones fueron anunciadas el mismo día en que se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz para la jurista sudafricana Navi Pillay, quien formó parte de la Corte Penal Internacional como jueza entre 2003 y 2008.
La controversia vuelve a poner en el centro del debate el papel de la CPI en la investigación de crímenes internacionales y las tensiones que enfrenta cuando sus actuaciones generan desacuerdos con gobiernos nacionales.
