En 2023 y 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evaluó de manera negativa al Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), otorgándole calificaciones reprobatorias de 4.40 y 4.66 puntos, respectivamente. Estos puntajes reflejan una serie de problemas graves dentro del centro, entre los cuales se destacan el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de prevención y atención de incidentes violentos, el autogobierno o cogobierno de los internos, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y la presencia de actividades ilícitas.
A pesar de un leve incremento de 0.26 puntos en la calificación de 2024 en comparación con el año anterior, los problemas identificados en la evaluación anterior siguen siendo una constante preocupación. Durante su visita al CREST en diciembre de 2024, la CNDH identificó de nuevo una serie de deficiencias en áreas como la seguridad, las condiciones de vida y la atención médica a los internos.
El organismo destacó la necesidad urgente de crear una ruta de atención para abordar estos problemas y salvaguardar la integridad de los internos. Para ello, se comprometió a mantener reuniones con las autoridades del Sistema Penitenciario de Tabasco. En este contexto, la CNDH expresó su preocupación por la falta de acción diligente por parte de las autoridades para resolver los problemas estructurales que contribuyen a la inestabilidad dentro de los centros penitenciarios, lo cual fue evidente también en los disturbios ocurridos en octubre de 2023 en el CERESO Las Palmas.
Además, la CNDH señaló que, según las respuestas del Sistema Penitenciario Estatal, se han identificado áreas de oportunidad como el hacinamiento y la falta de personal, factores que representan riesgos para la gobernabilidad y seguridad dentro de los centros penitenciarios. No obstante, las autoridades no han proporcionado información suficiente sobre las medidas adoptadas para corregir estos problemas.
Por último, la CNDH instó a las autoridades penitenciarias a proteger los derechos humanos de los internos, incluyendo su derecho a la salud, integridad y vida, y a tomar medidas para evitar que los hechos violentos, como los recientes disturbios e incendios, se repitan. También solicitó una mejor comunicación con las familias de los internos, para mantenerlos informados sobre la situación al interior del centro y el estado de salud de los reclusos afectados.
