Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca imponer sanciones severas a profesionistas del derecho que participen en el despojo ilegal de inmuebles. La propuesta fue impulsada por la diputada de Morena, Delhi Miroslava Shember Domínguez, quien plantea reformas al Código Penal Federal para castigar a quienes utilicen sus conocimientos legales con fines ilícitos.
El proyecto contempla la creación del artículo 395 Bis, con el que se establecerían penas de seis a doce años de prisión, multas que van de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización, así como la suspensión del ejercicio profesional hasta por una década para abogados que asesoren, faciliten o ejecuten actos de despojo contra propietarios legítimos.
La iniciativa también considera sancionar a quienes, de manera consciente, elaboren, gestionen o presenten documentación falsa o simulada con el objetivo de obtener la posesión o propiedad de un inmueble. El dictamen ya fue turnado a la Comisión de Justicia para su revisión.
En el texto se precisa que, cuando los responsables sean notarios públicos, corredores públicos o servidores públicos vinculados al ámbito judicial o registral, las penas podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento, debido a la gravedad de su participación.
En su exposición de motivos, la legisladora advierte sobre el aumento de casos de despojo de casas, terrenos y locales comerciales en los que intervienen no solo particulares, sino también profesionales del derecho que se aprovechan de su formación para diseñar esquemas fraudulentos.
La diputada subraya que estas conductas resultan especialmente dañinas, ya que provienen de personas que tienen la obligación ética y legal de proteger la justicia y el patrimonio de la ciudadanía, lo que debilita la confianza en las instituciones jurídicas y en el sistema de justicia.
Finalmente, señala que aunque el delito de despojo ya está tipificado en el Código Penal Federal, actualmente no existe una agravante específica cuando es cometido por abogados u otros profesionistas del derecho, por lo que considera indispensable cerrar ese vacío legal y frenar este tipo de prácticas.
